«Ellos son partidos políticos, su objetivo es ganar elecciones y se juegan sus votos, nosotros no». Con esta contundencia –y certeza– respondía el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ante lo difícil que estaba resultando sumar los apoyos de los partidos para aprobar la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Lo decía el miércoles, un día antes de que se sometiera a la votación y terminara saliendo aprobada con una suma de apoyos de lo más heterogéneos, y por la mínima por un error del PP. Pero apoyos que le han valido al Gobierno de coalición para sacar adelante la que probablemente será una de las leyes más importantes de esta extraña legislatura.
Ángel Nicolás dejaba ver en sus palabras cierto desconcierto, toda vez que el texto que se sometía a votación ya contaba con el acuerdo –sí sí, con el acuerdo–, de la patronal y los sindicatos. De los empresarios y los trabajadores. «Lo difícil ya está hecho, que era llegar a un acuerdo» quiso recordar Nicolás a los partidos políticos a los que, por extensión, les pidió «la misma generosidad» que habían mostrado todos ellos en la mesa de negociación, consciente de que «siempre te dejas pelos en la gatera».
Pero, como se ha visto, esos partidos políticos en el Congreso no lo tenían tan claro como los representantes de los empresarios de Castilla-La Mancha. El mismo miércoles por la noche daba la sorpresa Unión del Pueblo Navarro (UPN), con dos diputados en la Cámara, cuyo presidente Javier Esparza desde Pamplona anunciaba su voto favorable a esta reforma «por responsabilidad, sentido de gobierno y sentido de Estado», sin que ello suponga un «plebiscito» para Pedro Sánchez aclaró Esparza. Dos votos imprescindibles, pero una decisión que, sin embargo, escoció y mucho a esos dos diputados, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que antes de entrar ayer en el pleno se mostraron contrarios a la decisión de la dirección del partido. «No puedo defender esta decisión ante mis votantes» argumentaron ambos tras romper la disciplina de voto, pretendiendo impedir así la convalidación del texto. Una explicación que daba toda la razón al presidente de Cecam, pero sin saber que un error de un diputado del PP invalidaría su rebeldía frente a la Dirección de UPN.
Pero se trata de una norma que viene primero avalada por el consenso, tras muchas horas de negociación de patronal, sindicato y gobierno, y que ha sido aplaudida por la Unión Europea, que lleva tiempo reclamándonos ajustes estructurales en el mercado laboral que incida en la temporalidad, la precariedad y las fórmulas contractuales, algo que sí que hace esta reforma. Un texto que, además de estos espaldarazos de consenso y el europeo, cuenta con los votos tan dispares ideológicamente como del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Compromís, regionalista de Cantabria, Teruel Existe, los partidos canarios… y en contra los de EH Bildu, ERC o PNV, por lo que es poco sospechoso de «sectario».
Es cierto, se trataba de votos, de los necesarios para aprobar una ley que puede cambiar las relaciones laborales y sentar las bases para transitar hacia ese nuevo modelo productivo que nos demanda Europa. Una certeza que parece que vio el presidente de UPN pero no sus diputados. Y que tuvo clara el presidente de Cecam, cuando quiso constatar esa diferencia con los políticos, «nosotros nos movemos por intereses generales, y ninguno vivimos de esto». Pues eso.