La Junta había abonado medio millar de ayudas de pobreza energética en la provincia y más de 2.600 en toda Castilla-La Mancha antes de la Navidad pasada. Se trata de datos aportados por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, quien apuntó que la intención es llegar al cierre del año a cifras similares a las del año pasado, unas 700 en la provincia y más de 3.000 en toda la región.
Martín comentó que la Consejería de Bienestar Social trabaja con dos tipos de ayuda cuando se trata de pagar suministros. Por un lado, se encuentran las ayudas de emergencia, cuyo cometido es mayor, incluyendo el alquiler, la alimentación o la ropa. Por otro, está este tipo de ayudas, dirigidas al abono de facturas impagadas o evitar el corte de suministro. Las primeras las gestionan los servicios sociales y las segundas, Cruz Roja a través de un convenio iniciado en 2016 y que ha supuesto ayudar a más 120.000 personas en la región durante estos años y conceder más de 35.000 ayudas. La intención es que haya «una compatibilidad» de ayudas para resolver estas situaciones familiares, explicó Martín, bien por una vía o por otra.
Una clave de 2022, recordó la viceconsejera, es que las ayudas de emergencia han tenido que aumentar su cuantía ante el incremento de los precios. En Ciudad Real se han entregado, también antes de Navidad, 1.372.965 euros, unas 1.088 ayudas, entre las que hay conceptos energéticos, recordó la viceconsejera. «Ha subido la cuantía media de las cantidades que se resuelven y se han disminuido los tiempos considerablemente» , señaló Marín. Así se ha pasado de una ayuda que estaba por debajo de los mil euros de media, a otra que supera los 1.200 euros de media, en algunos casos solo hacen falta 300 y en otros son necesarios más que esa media. Además, agradeció el esfuerzo de la delegación en Ciudad Real, por resolver en una media de 20 días este pago. «Han puesto un gran empeño para que sean inmediatas estas ayudas», señaló.
La viceconsejera dijo que ante la llegada del invierno hay otros apoyos para paliar la pobreza energética y que surgieron después de que se lanzarán esas ayudas del Gobierno regional, como el bono social eléctrico del Ministerio para la Transición Ecológica, que disfrutan 8.349 familias de la provincia, y el ingreso mínimo vital, que ayuda en el pago de estos suministros. Con todas las ayudas se crea «un paraguas social muy razonable para que no haya cortes de suministros».