La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha decidido este lunes aceptar los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 28 promotores del procés por su promoción en el exterior.

Fuentes del Tribunal han informado de esa decisión, que revoca la adoptada por la instructora del caso, que no los aceptó al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración "que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros".

La propuesta de la ponente del asunto, Rebeca Laliga -consejera propuesta por el PP en la reciente renovación del Tribunal de Cuentas-, contraria a que las fianzas se garanticen con dinero público, ha sido rechazada por el resto de miembros de la Sección de Enjuiciamiento, han añadido las fuentes consultadas.

Por tanto, ahora se debe redactar una nueva ponencia en los términos acordados por la Sala, que, según ha informado el Tribunal de Cuentas, se conocerá en los próximos días y redactará la consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento.

El auto contará con el voto particular de la consejera Rebeca Laliga, partidaria de no admitir los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza.

Los afectados recurrieron la decisión de la instructora del caso, entre otras razones porque los avales se apoyaban en una ley aprobada por el Parlament de Catalunya que sigue vigente, y ahora la Sala de Justicia del Tribunal les ha dado la razón.

Entre los promotores del proceso soberanista catalán a los que se reclama su responsabilidad contable están los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.