La frase «Montesquieu ha muerto» es ya histórica y se le atribuye a Alfonso Guerra, que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González. La pronunció en 1985, cuando el Partido Socialista aprovechó la enorme mayoría parlamentaria que arrastraba desde las elecciones del 28 de octubre de 1982 para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en beneficio propio. Se habían cargado la independencia del poder judicial y se jactaban de ello, enterrando a Montesquieu, el filósofo que defendió como tal, la independencia de los tres poderes del Estado moderno. Algo parecido formulaba Sánchez, en noviembre de 2019, al dejar claro la dependencia de la Fiscalía –y por ende de ciertos vericuetos judiciales– al poder ejecutivo, con una media sonrisa impostada.
Ahora ha sido el ministro de Presidencia –y presunto cerebro político de la nueva Moncloa renacida, sustitutorio del caído y gran inspirador político de Sánchez, Iván Redondo– Félix Bolaños, quien ha pretendido formular un alegato contra la independencia del poder judicial –no se si en clave de Alfonso Guerra o en otra alternativa de Montesquieu moribundo–, en unos momentos en que el CGPJ se ve bloqueado por las mayorías necesarias que fijan la elección de sus miembros. Ha espetado Bolaños en el presente contexto: «En un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos los eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado». 
Justamente dicho todo ello por alguien que ha sido elegido como político por un político –que es el nombrante Presidente del Gobierno– y no por los ciudadanos atentos y ejercientes. Y nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado la legalidad de su elección indirecta, como la de tantos políticos electos por dedo presidencial y nada más que ese atributo, por no hablar de otras elecciones indirectas del poder ejecutivo sin participación ciudadana. Obviamente, los ciudadanos no eligen –no lo han hecho ni antes ni ahora– ni a jueces ni a políticos. Los ciudadanos que votan cuando votan y ejercen la soberanía popular, no eligen nada más que la papeleta electoral de su preferencia. Y con ese apoyo directo –o indirecto según se mire– se construye todo el aparato de la representación del poder legislativo y ejecutivo. Nadas más y nada menos que eso. Los ciudadanos, una vez evacuado su voto, no son tenidos en cuenta para nada más. Y por ello son ajenos a todos, absolutamente todos, los demás nombramientos: jueces, ministros, secretarios de Estado, directores generales y asesores plurales. Esgrimir ahora el requisito de participación popular en los nombramientos del Poder Judicial es una falacia inconmensurable.