Después de una remodelación del Ejecutivo en el que han saltado tres figuras claves de la acción de gobierno, Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo, Pedro Sánchez ha dedicado las últimas semanas a encajar piezas en Ferraz para articular una Ejecutiva más reducida y eficiente bajo la batuta de Adriana Lastra, que abandonó la Portavocía del grupo parlamentario del Congreso para dedicarse a su otro cargo, vicesecretaria general del partido, donde contará con Santos Cerdán como secretario de Organización. Con dos nombramientos más significativos, Juan Espadas, alcalde de Sevilla y candidato a la Presidencia del PSOE andaluz, como nuevo presidente del Consejo Político, y el extremeño Guillermo Fernández Vara al frente de la política territorial. En contra de lo que se había pronosticado, Cristina Narbona continuará en la Presidencia del partido.

La prueba de que Sánchez había dado prioridad a la acción de gobierno y se había alejado del día a día del partido es que impuso a Iván Redondo en las reuniones del partido que decidían asuntos relevantes de futuro, por ejemplo, cuando se preparaban las campañas de elecciones. 

Todo indica que va a ser así porque, desde hace semanas, Ferraz se mueve y los organizadores del 40 Congreso han encontrado respuesta positiva a sus propuestas, respaldadas por el propio Sánchez, que ha intervenido para que salieran adelante, con el objetivo de la unidad del partido en torno a su figura, que necesita más que nunca, porque las próximas generales se celebrarán dentro de dos años y los sondeos no son todo lo positivos que desearía.

Lo que sabe cualquier socialista es que esa unidad, sobre todo con la presencia ayer en Valencia de Felipe González, es más al partido que a su secretario general. En el PSOE, como ocurre también en el PP, hay lealtades inamovibles que aparecen cuando más falta hacen, generalmente cuando los partidos parecen debilitados por la falta de entidad de su máximo dirigente o decisiones no compartidas. 

En el caso de Sánchez, ha sufrido jirones en su biografía por los últimos procesos electorales, con el desastre de Madrid del que ha salido muy tocado. Por otra parte, la coalición con Podemos y la necesidad de los independentistas y Bildu para mantenerse en Moncloa le ha obligado a aprobar propuestas que han provocado malestar entre figuras destacadas de su partido.

Críticas internas

Las políticas exigidas por Podemos también han provocado polémica y contrariedad en las filas socialistas, con críticas más o menos veladas de miembros destacados. La mayoría de ellos, de tipo económico social que supondrán un incremento del gasto público, lo que obligará a subir impuestos, y que también afectan a las inversiones. Con un apartado que ha levantado ampollas en el sector del partido que más ha luchado por la igualdad: las leyes de Irene Montero. 

La financiación autonómica también llega al Congreso con dos posturas muy enfrentadas: una, la propuesta de descentralización de los organismos públicos que defiende el valenciano Tximo Puig y, otra, los Presupuestos, que prácticamente doblan los fondos que se otorgan a Cataluña frente a los de Madrid. 

Todos estos asuntos empeñarán el triunfalismo de un congreso que se ve también tocado por los precios energéticos que están dejando temblando las cuentas de los españoles.