El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa con medidas urgentes dirigidas al sector frutícola, defendida por ERC y finalmente pactada con otras formaciones, en la que se reclama también al Gobierno una reforma de la Ley de cadena alimentaria para garantizar el cobro de los costes de producción de los productos agroalimentarios.

La iniciativa tiene su origen en una moción registrada por Esquerra Republicana, consecuencia de la interpelación dirigida por esta formación al ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, y ha sido finalmente pactada en una enmienda transaccional con PSOE, Ciudadanos, Junts, Compromís y Teruel Existe.

Según el texto aprobado la Cámara Baja reclama al Gobierno a presentar "en unas semanas" un borrador para esta reforma "que contribuya a paliar la situación de desequilibrio en el poder de negociación de los eslabones de la cadena alimentaria".

El Congreso exige que esta reforma "refuerce la posición de los productores y asegure una distribución más justa del valor a lo largo de la cadena, garantizando el cobro de los costes de producción de los productos agroalimentarios".

Oferta y demanda de melocotón y mandarina

La iniciativa aprobada también llama al Gobierno a presentar en un plazo de 3-4 meses "capaz de adecuar la oferta y la demanda de melocotón y nectarina, con el fin de tratar de reequilibrar la producción", y a combatir la morosidad en las transacciones comerciales del sector y las "prácticas comerciales orientadas a retrasar durante varios meses el pago de los productos frutícolas al productor".

Asimismo, reclama reforzar los controles de importación a las frutas y hortalizas procedentes de países terceros, a activar la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales para poner fin a la deficiente regulación de los contratos de depósito, fuentes de abusos y prácticas desleales hacia los productores.

Por último, la iniciativa aprobada por la Cámara Baja ha pedido el establecimiento de "un sistema transparente, estadístico y obligatorio, de información comercial, que supervise los precios en origen en el sector frutícola, para poder exigir, en caso de crisis de precios, la actuación de la Comisión Europea, estableciendo medidas extraordinarias, tal como prevé la Organización Común de Mercados de productos agrarios (OCM).