Las ligas solo empezarán si hay consenso

La Tribuna
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La Federación Española ha acordado con las Territoriales concretar el inicio de las competiciones de acuerdo con las autoridades deportivas y sanitarias

Los jugadores del Yugo Socuéllamos, equipo que ha ascendido a Segunda B, festejan un gol. - Foto: Rocío Hellín

La Federación Española de Fútbol  ha acordado por unanimidad  junto con las Federaciones Territoriales  "trabajar con el objetivo necesario de que cada una de ellas concrete con las autoridades deportivas y sanitarias de su comunidad autónoma cuáles son los requisitos  esenciales y mínimos para poder empezar cuanto antes las competiciones que compete organizar a las FFTTs y que puedan iniciarse en el momento en que las autoridadesautonómicas les autoricen a ello", según informa en un comunicado. Exactamente de la misma forma se va a proceder en las competiciones de ámbito estatal que son competencia de la Federación Española.

Junto a la seguridad sanitaria, la Federación considera imprescindible  la seguridad jurídica de los clubes y de sus responsables.

Asimismo, la RFEF recalca que "es completamente falso que haya propuesto retrasar el inicio de las competiciones a enero o más adelante", opción que había generado un tremendo malestar entre jugadores y clubes.

La Real Federación Española de Fútbol considera imprescindible disponer de las máximas garantías para comenzar de inmediato las competiciones y aboga junto al resto de federaciones de deportes de equipo por un Plan Transversal avalado por los poderes públicos que ofrezca esas garantías sanitarias y jurídicas para los jugadores y resto de actores los responsables de los clubes y los organizadores.

Asimismo recuerda que existe un fondo de ayudas a los jugadores profesionales que participan en las competiciones organizadas en exclusiva por la Federación Española de un montante de 10 millones de euros donde el sindicato de futbolistas AFE debe poner su parte.

La intención de la Federación Española es comunicar a los clubes el comienzo de la temporada con al menos 30 días de antelación una vez haya un protocolo nacional aprobado por los poderes públicos competentes.