No corren buenos tiempos para el campo español y las noticias que han llegado esta semana desde Bruselas no vienen a mejorarlos. A las numerosas manifestaciones de agricultores y ganaderos pidiendo apoyo al sector primario en las calles y el pago justo por lo que producen, se suma la incertidumbre ante una posible disminución del 14% en las ayudas de las rentas que perciben directa o indirectamente los agricultores a través de la Política Agrícola Común (PAC).
Los 27 países miembros de la UE empiezan mañana a debatir en una cumbre que puede ser clave para definir el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y cómo se repartirá ese presupuesto, primero entre los países y luego entre regiones, con la sombra sobre ellos de la tijera. Florencio Rodríguez, secretario general de Asaja de Ciudad Real, y Esteban Esquinas, técnico de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, y Julián Morcillo, de UPA, apuntan a la «preocupación» que esta noticia ha despertado entre los agricultores de la provincia, donde la última PAC ha dejado más de 200 millones de euros al año desde 2014.
El borrador, preparado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propone un marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 del 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del bloque, frente al 1,114% que pide la Comisión Europea o el 1,16% que representa el del periodo que acaba este año. Este presupuesto incluye un recorte del 14% para la PAC y del 12% en los fondos de Cohesión, aunque permitiría una mayor flexibilidad a los Estados en su gestión, «con el argumento de que es necesario dotar de mayores recursos otras políticas ahora prioritarias en la agenda de la UE como la lucha contra el cambio climático y la transición digital».
El aviso de recortes no es algo nuevo. Según el experto en Ayudas Horizontales de Cooperativas Agroalimentarias, desde que entró la nueva presidencia se viene hablando de una posible reducción en ayudas directas del 2 ó un 3% y en desarrollo rural de entre el 15 y el 18%. «La media obtenida es la disminución que se plantea, pero todavía no es seguro y menos aún se puede hacer un cálculo de cómo afectará en su conjunto y cómo se aplicará a España, a nuestra región y a la provincia», explicó a este periódico Esteban Esquinas, quien señaló que se está «ante un momento de mucha incertidumbre para echar números».
«Primero que se presente el presupuesto y se apruebe y después se harán las estimaciones, ya que podría darse la paradoja de que aun reduciendo el presupuesto para el conjunto de la política agraria, en el nuevo reparto haya unos nuevos equilibrios, se quede parecido e incluso aumente ligeramente en el caso de la provincia», indicó.
En este sentido, se refirió a otro factor que influirá en el nuevo marco de la Política Agrícola Común para los próximos siete años: el Pacto Verde, que afectará a todas las políticas europeas, incluida la agraria. «Estos fondos pueden compensar el reparto de las ayudas, pero ahora mismo no se puede saber, por eso hay tanta incertidumbre ante unas decisiones tomadas desde el ámbito político que serían muy negativas para el campo», subrayó.
«desconocimiento» Aunque es pronto para hablar de cifras, el secretario general de Asaja-Ciudad Real incidió en que las pérdidas «serían muy importantes» y muchas explotaciones de zonas rurales desaparecerían. Y es que, indicó, de confirmarse este recorte sería «muy perjudicial e injusto» para los intereses de la provincia. «Afectaría a muchas explotaciones que dependen de las ayudas, porque con los precios ridículos que hay se hace inviable el futuro del campo», denunció Rodríguez, quien espera que finalmente Europa recule «porque sería un varapalo tremendo para los agricultores y ganaderos».
Además, esta disminución de las ayudas que llegan de Europa supondría, según Rodríguez, «un perjuicio» para los pueblos y las zonas rurales que están sufriendo las consecuencias de la despoblación y la falta de actividad económica para mantenerse y desarrollarse. Al hilo de esto, recordó que Asaja «siempre ha exigido que el presupuesto de la PAC se mantenga o aumente ligeramente», para contar con un marco financiero «firme y estable» que pueda seguir activando la economía rural, pero lo que viene es, a juicio del responsable provincial de Asaja, «un recorte para desviar los fondos a otros sectores que evidencia un profundo desconocimiento desde los despachos de la realidad de nuestros municipios».
Florencio Rodríguez asegura que es «incomprensible» que la UE esté planteando apoyos medioambientales y sostenibles y sin embargo evidencie con estas decisiones «una falta de apoyo» a actividades que dan de comer a la población. «Quieren pagar menos por mantener una garantía en los productos agrícolas y eso no puede ser», sentenció. Por su parte, Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, afirma que se vive un «momento clave» con la sociedad española sensibilizada con los problemas del campo. «Estamos preocupados porque las cuentas no salen, y los Veintisiete tienen que darse cuenta de que si quieren más Europa hay que aportar más».