El Ayuntamiento de Ciudad Real trabaja para aprobar «la continuidad con carácter excepcional de las prestaciones del contrato de Conservación y Limpieza de las Zonas Verdes», una vinculación que venció el pasado 18 de junio y que se está tratando de ampliar hasta que entre a operar la empresa que resulte adjudicataria del nuevo proceso que ha impulsado el Ayuntamiento de Ciudad Real, cuya fecha de presentación de ofertas está abierto hasta mañana.

La portavoz del equipo de Gobierno municipal, Mariana Boadella, explicó que el objetivo era aprobarlo entre ayer y hoy en una Junta de Gobierno extraordinaria, ya que faltaba solo el informe de la Intervención municipal e indicó que dicha prórroga se ampliará «con carácter retroactivo», para cubrir este periodo de alrededor de diez días- señaló- en el que el servicio no ha estado cubierto por un contrato. Del mismo modo, explicó que la ampliación hay que hacerla con tres meses de antelación «y no se llegó a tiempo», al tratarse de «un contrato complejo», por lo que ahora «se hace de esta manera, que también tiene amparo legal».

La importancia de esta prórroga se expone en la solicitud del informe jurídico por parte de Medio Ambiente en el que se indica que se trata de un servicio que «resulta fundamental, al tratarse de un servicio básico y de prestación obligatoria para los ayuntamientos». Del mismo modo se informa que, «habida cuenta de la imposibilidad de asumir con medios propios la gestión integral de la totalidad de las zonas verdes de la ciudad, interesa aprobar la continuidad extraordinaria».

«La no prestación de este servicio tendría consecuencias muy graves para la higiene y la salubridad de la ciudad y sus ciudadanos, al quedarse más del 50% de las zonas verdes de la capital sin mantenimiento ni limpieza», detalle el informe, en el que se indica que «además, se aumentaría muy notablemente el riesgo de árboles y plantas que pueden fenecer por la falta de mantenimiento» y a lo que a su vez se sumarían «las consecuencias de una falta de evaluación de riesgo y de poda de arbolado, que podrían derivar en riesgos graves para la seguridad pública».