Miembros de una banda de traficantes liderada por ciudadanos chinos que cayó en Alcázar de San Juan hace seis años han acabado admitiendo los hechos en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid y aceptando penas mínimas de un año y seis meses de cárcel y multas que oscilan entre 4.700 y casi 199.000 euros. Aunque los encausados terminaron en el banquillo de los acusados del Juzgado Central de Madrid, los hechos se investigaron en Ciudad Real, concretamente en Manzanares y Alcázar de San Juan, donde se inició la instrucción.

El Juzgado y la Fiscalía Territorial de Manzanares se tuvieron que inhibir en favor de la Audiencia Nacional porque los delitos se cometieron en varias provincias españolas y por la conexión con el extranjero, recuerda a La Tribuna el fiscal decano de Manzanares, Carlos G. Santorum, tras destacar el trabajo que hizo la Guardia Civil de Manzanares, a la que se sumaron agentes de la Brigada Central del Crimen Organizado.

Fue un asunto de envergadura, una trama de tráfico de drogas a gran escala liderada por un ciudadano de origen chino y destapada en Alcázar por la relación y colaboración de un vecino de este municipio ciudadrealeño.

En la operación policial fueron detenidas más de 120 personas, pero al final sólo se imputó a una treintena: 29 han sido condenadas recientemente y sólo una absuelta.

Los sentenciados han admitido en la Audiencia Nacional que se dedicaban al cultivo de marihuana mediante cultivos indoor en viviendas de varias provincias españolas, entre ellas Ciudad Real. Después, unos de ellos se encargaban de recoger la droga y otros de enviarla a Francia, Italia y Reino Unido.

La banda tenía distintas plantaciones para el cultivo y elaboración de marihuana. Todos tenían tareas bien definidas: «los que iban a la planta, los que recogían los 'frutos', los que empaquetaban, los que llevaban la mercancía a las tiendas de mensajería...». Los cabecillas residían en Madrid, desde donde dirigían el 'negocio' de la droga, que extendían por localidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Cada uno tenía un papel en la organización, apunta el fiscal Carlos G. Santorum que pidió prisión provisional para casi una veintena de los entonces detenidos a últimos de 2016. Todos quedaron unos meses después en libertad con cargos hasta la celebración del juicio.

La denuncia de una ciudadana de origen chino en Barcelona por la sustracción de documentación personal llevó a los investigadores hasta un empresario de venta de automóviles en Alcázar de San Juan, que vendió a uno de los investigados un coche, entregando el comprador la documentación perteneciente a la ciudadana china. Por entonces, se desconocía que esos documentos se encontraban en poder del investigado. Este acusado ha sido absuelto de los delitos de falsedad documental.

Los agentes empezaron a tirar de este hilo y fueron deshaciendo la madeja. Ahora los encausados han admitido el delito de tráfico de drogas y el enganche de la luz para el cultivo indoor, es decir, el hecho delictivo de defraudación de fluido eléctrico. Algunos también han sido condenados por tenencia de arma. A todos se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

Entre los encausados figuran varias mujeres, la mayoría de origen asiático. Se trata de cuatro mujeres que han sido condenadas a un año y seis meses de cárcel, como el resto de sentenciados. Las multas más altas impuestas son de cerca de 199.000 euros, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.