La Guardia Civil investiga a tres personas por almacenar ilegalmente hasta 700.000 kilos de residuos de plásticos, circuitos, procesadores, espumas y troceados de electrodomésticos en las provincias de León, Barcelona, Ciudad Real y Zaragoza, a través de falsas empresas.

Los almacenamientos fueron realizados en pequeñas localidades bajo la promesa de establecer empresas para la gestión de residuos y la creación de puestos de trabajo, ha informado la Guardia Civil.

A los investigados en la denominada operación "Polímeros" se les atribuye la comisión de los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, falsedad y estafa.

La investigación comenzó cuando el SEPRONA detectó la llegada de camiones de gran tonelaje cargados de residuos a varias parcelas y una nave ubicadas en la localidad de Igüeña (León), en las que se almacenaban incumpliendo los requisitos establecidos y careciendo de las autorizaciones pertinentes.

En colaboración con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, descubrieron el almacenamiento de más de 300.000 kilogramos de residuos.

Dos de los investigados figuraban con cargos relevantes hasta en 12 empresas relacionadas con el reciclaje, con domicilios sociales en Madrid, Toledo, Zaragoza, Valencia, Santander y Ciudad Real, las cuales resultaron ser ficticias.

Estas dos personas informaban a las autoridades municipales de su propósito de construir una planta para la gestión de residuos, así como de la creación de puestos de trabajo, y para ello, mostraban un falso proyecto.

Mientras esperaban cumplir los trámites oportunos para la construcción de la supuesta empresa, iban almacenando grandes sacas con residuos de manera ilegal, en al menos tres localizaciones, con una estimación total de 700.000 kilogramos.

Además, la Guardia Civil investiga a una tercera persona, el gerente de una empresa dedicada al reciclado, transformación y revalorización de residuos de Barcelona.

Esta persona transportaba y entregaba los residuos a los otros dos investigados, haciéndolos pasar por subproductos y atribuyéndoles un valor del que carecen, con lo que evitaba tener que gestionar dichos residuos con un importante ahorro económico.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía de Área de Ponferrada (León).