5,5 millones de euros es el precio por el que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ciudad Real ha aceptado la oferta para vender «la totalidad de los activos inmobiliarios», once fincas rústicas, del fallido Reino de Don Quijote, en concurso de acreedores, a la compañía madrileña Baraka Properties Group SL.

Así lo anunció el auto firmado por el juez Carmelo Ordóñez, responsable también de la venta del aeropuerto de Ciudad Real a la empresa CRIA, y en el que se incluyen «diversas condiciones» para que la oferta sea firme, la primera, la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del Reino por parte del Ayuntamiento y que la ofertante se convierta en agente urbanizador.  

Estos dos condicionantes son fundamentales para formalizarse la operación, «crucial» se llega a decir en el auto en el caso de la reparcelación, y que  lleva atascado en el Ayuntamiento desde 2010. Se indica en el auto que «no ha sido elevada a Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva a día de hoy, desconociéndose sus causas». Hay que recodar que el convenio de 2010 entre Ayuntamiento y Reino para la ejecución del programa de actuación urbanizadora, que incluye ese proyecto de reparcelación, estipulaba que la mercantil se comprometía a abonar al Consistorio 45 millones de euros por distintas obligaciones, una cantidad que nunca llegó en su totalidad a las arcas municipales.