El Registro de VPP aligera en 1.500 sus demandantes

Manuela Lillo
-

A lo largo del pasado 2019 la Junta aprobó 39 adjudicaciones en alquiler y ejecutó casi un centenar de obras de mejora

El Registro de VPP aligera en 1.500 sus demandantes

El Registro de Demandantes de Vivienda cuenta en la provincia de Ciudad Real con un total de 3.543 personas que están actualmente inscritas, una cifra inferior a la que había en el año 2007, cuando se puso en funcionamiento este sistema de acceso por parte de la Administración regional. Entonces eran practivamente 5.000, 4.994 en concreto, los demandantes de un inmueble de este tipo, lo que supone casi un 30 por ciento menos, según los datos facilitados a La Tribuna por la Consejería de Fomento. 
Tanto la región como la provincia cuentan con «un amplio parque de Vivienda de Promoción Pública (VPP)». En el conjunto de Castilla-La Mancha hay 7.088 viviendas de este tipo que están gestionadas por la Junta de Comunidades y, de ellas, un total de 3.881 se encuentran ubicadas en la provincia de Ciudad Real, lo que supone el 54,75 por ciento del total. Su presencia más destacada se encuentra en los municipios de Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Tomelloso, Manzanares y La Solana. 
Desde la Junta de Comunidades se realizan de manera continua labores de gestión y mantenimiento de estas viviendas de promoción pública, de manera que a lo largo del pasado año 2019 destinó a su mantenimiento, reparación y acondicionamiento obras por un importe de 240.047 euros. 
En total, fueron 92 actuaciones que fueron a parar tanto a viviendas de promoción públicas que están vacantes y que se pretenden reintegrar de nuevo en el circuito de nuevas adjudicaciones de demandantes, un total de 27 que se ejecutaron principalmente en Valdepeñas (nueve), en Puertollano (cuatro), en Almadén (tres) o en Ciudad Real y Manzanares (dos en cada uno de ellos), como en viviendas ocupadas por sus arrendatarios y cuya ejecución corresponde a la administración por ser los titulares. Estas últimas se cifraron en 65 actuaciones y destacan las 15 de Ciudad Real, 14 de Puertollano, 11 de Valdepeñas o siete de Alcázar de San Juan. 
adjudicaciones. La Administración regional también ha venido trabajando en la adjudicación de este tipo de viviendas de promoción pública a lo largo de los últimos años. En concreto, desde junio de 2015 se han adjudicado 315 inmuebles de este tipo en régimen de alquiler en la provincia, que durante 2019 fueron 39. 
Puertollano y Valdepeñas fueron las localidades donde más adjudicaciones se hicieron, con nueve en cada caso, seguidas de Alcázar de San Juan, Almadén y Ciudad Real, con tres adjudicaciones en alquiler en cada una de ellas. También se han hecho adjudicaciones en Aldea del Rey, Manzanares, Tomelloso (dos en cada caso), así como en Almuradiel, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Santa Cruz de Mudela, Villahermosa y Viso del Marqués, con una vivienda adjudicada en cada uno de estos últimos municipios. 
Desde Fomento detallan que la política de la Junta en materia de vivienda «tiene que ser una política humana, con nombre y apellidos, donde quepan los proyectos y sueños, una política con alma y orienta a las personas, que permita a todo aquel que así lo quiera poder dibujar su futuro personal y laboral bajo el techo de un hogar». De este modo, la Junta desarrolla cuatro líneas de actuación: el acceso a la vivienda, la promoción, rehabilitación y sostenibilidad de las mismas, la elaboración y puesta en marcha de un plan regional y la línea de derechos y deberes vinculados a la vivienda. 
Por lo que respecta al acceso a los inmuebles, la Consejería que dirige Nacho Hernando subraya que una de las primeras actuaciones en esta legislatura es la aprobación y publicación de una línea de ayudas al alquiler para las mujeres víctimas de la violencia de género y sus familias, del mismo modo que asegura «no olvidar nuestra reivindicación al Gobierno de España para que ponga en marcha programas específicos de ayudas a la promoción y adquisición de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública».