En nombre de la modernización de la Justicia se pone fin a dos siglos de Juzgados de Paz servidos por jueces legos (no han cursado la carrera judicial) cuya figura simboliza a la persona buena, conciliadora y con capacidad para juzgar sensatamente situaciones de la vida cotidiana y resolver con tino.

Estos jueces de paz están a punto de pasar de pasar a la historia a primeros del próximo año. Unos 150.000 residentes en municipios de la provincia van ver que sus Juzgados de Paz pasan a ser una Oficina Municipal. El anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia aprobado en octubre y en trámite parlamentario contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Los Juzgados de Paz se ubican en municipios donde no hay Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. La provincia tiene 102 municipios, la mayoría carentes de estos últimos órganos judiciales. Atendiendo a la información del INE (Instituto Nacional de Estadística) en Ciudad Real hay 91 municipios sin Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y, por tanto, susceptibles de ser Juzgados de Paz. Pero la estructura del Ministerio de Justicia es bien distinta, los distribuyen en 19 Agrupaciones de Secretarías y tres Juzgados de Paz en Socuéllamos, Pedro Muñoz, Puerto Lápice y Bolaños.

Según los datos facilitados a este diario por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el partido judicial de Ciudad Real hay cuatro Agrupaciones de Juzgados de Paz: Malagón, Miguelturra, Piedrabuena y Porzuna. En el resto de partidos judiciales hay Juzgados de Paz en Pedro Muñoz, Puerto Lápice y agrupaciones en Criptana, en Herencia, Chillón, Calzada, Villarrubia, Membrilla, Almodóvar, Argamasilla de Calatrava, Fuencaliente, Argamasilla de Alba, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva, Albadalejo y Villanueva de los Infantes.

Funciones. Los jueces de Paz realizan un labor principal a los vecinos en asuntos de Registro Civil: inscripción de nacimientos y defunciones. También resuelven conflictos entre vecinos, actos de comunicación y, hasta hace unos años, celebraban juicios de faltas. Tras dos centurias, las competencias que históricamente se les había atribuido han quedado reducidas a las auxiliares de Registro Civil y la práctica de determinados actos de comunicación solicitados por vía de auxilio judicial, explica a este diario Elena Cabrera Mariscal, gestora procesal y administrativa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Infantes, delegada sindical de Justicia y Progreso.

Indica que las primeras atribuciones están llamadas a desaparecer a corto plazo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Registro Civil y la desjudicialización del mismo, y las segundas con la plena introducción de las comunicaciones electrónicas. De este modo, se están dedicando cuantiosos recursos económicos para soportar una estructura administrativa que no presta servicios suficientes a la ciudadanía, a la vez que un importante número de ciudadanos (el 30,45% de la población) tiene que desplazarse al municipio cabeza del partido judicial del que depende o incluso a la capital de provincia para llevar a cabo actuaciones judiciales o, simplemente, tener acceso o solicitar documentación de procedimientos en los que son parte.

Con el proyecto de oficinas de Justicia «se pretende dar respuesta a ambos problemas, ofreciendo a los ciudadanos unos servicios sin tener que desplazarse como hasta ahora, a la vez que se aprovechan los medios de los que se dispone actualmente en esos municipios».

 De esta forma, «se refuerza la accesibilidad a los servicios en todo el territorio, en especial en las áreas en riesgo de despoblación, y se genera una intermediación para las personas que tienen dificultades para aproximarse a la digitalización, especialmente las personas mayores», apunta Elena Cabrera.

Se pretende -añade- que en estas oficinas se preste servicio a los ciudadanos no sólo en materia de procedimientos judiciales en los que son parte, sino también otros relacionados con distintas áreas de la Administración Pública. De ahí que el personal que presta servicios en los actuales Juzgados de Paz esté llamado a tener un cometido destacado en este proyecto.

Carencias. La idea es «acertada», pero los Juzgados de Paz en la actualidad «adolecen de carencias importantes que hacen que los objetivos que plantea esta ley respecto a las Oficinas Municipales de Justicia sea, simplemente, inviable por varios motivos», subraya Elena Cabrera, quien apunta a la falta de personal y medios técnicos con ordenadores obsoletos y carentes de programas informáticos.

La dotación de equipos informáticos «es insuficiente», ya que depende en gran medida del presupuesto que el Ministerio de Justicia destina a los Juzgados de Paz a través de los ayuntamientos y es "claramente insuficiente", reitera. 

Además, la gran mayoría de los Juzgados de Paz no tienen acceso a Minerva, programa de gestión procesal con el que se tramitan los procedimientos y, por tanto, no pueden acceder a la información sobre el estado de los procesos de los ciudadanos. 

Infraestructuras. Otra cuestión es la relativa a las sedes de estos juzgados. Al depender de las instalaciones de los ayuntamientos existe una gran disparidad en cuanto a los edificios que estos ceden para el Juzgado de Paz, que en ocasiones son dependencias que necesitan una renovación de mobiliario, habilitación de lugar para el archivo de expedientes y libros del Registro Civil, así como mejor climatización, entre otras cosas. 

Los medios personales son otro problema, puesto que en algunos Juzgados Paz falta personal para afrontar la carga de trabajo, que lejos de desaparecer, como afirma el Ministerio de Justicia, ha aumentado considerablemente, ya que aún no se ha puesto en marcha la supuesta digitalización de los procedimientos y el expediente digital, tanto en la realización de los actos de comunicación, que sigue haciéndose por el auxilio judicial en el domicilio de los ciudadanos, como en el Registro Civil que aún no se ha implantado el programa informático para gestionarlo y sigue siendo crucial la intervención de los funcionarios de Justicia para facilitar la información y gestionar los expedientes. 

Inversión. "La idea de acercar la Justicia a los ciudadanos que no viven en la capital de provincia nos parece acertada y la de implementar servicios como los que enumera la ley, pero hace falta una enorme inversión de capital humano, en equipos tecnológicos y en programas informáticos para que realmente cumpla el objetivo que plantea la Ley de Eficiencia Organizativa con la creación de las Oficinas Municipales de Justicia", asevera la gestora procesal y administrativa en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de los Infantes y delegada sindical de Justicia y Progreso.

El proyecto se va a coordinar con otras instituciones (ministerios, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias) y contempla la posibilidad de ampliar progresivamente servicios como el acceso a certificados, estado de tramitaciones otras administraciones o la posibilidad de utilizar la Oficina Municipal de Justicia como coworking por personal de cualquier administración aprovechando las infraestructuras puestas en marcha para el Servicio Público de Justicia. Es una herramienta de cohesión territorial y social y de eficiencia interadministrativa. Pero de nada servirá si no viene dotada de medios.