Solo dos días antes de acabar 2021, Pedro Sánchez compareció ante los medios para sacar pecho de su gestión. El presidente cifró en más del 42 por ciento el cumplimiento de los 1.841 compromisos que asumió en su investidura hace dos años. Dio este dato en su lectura del informe para hacer balance político y económico de 12 meses en los que, a pesar de la pandemia y de las dificultades políticas, afirmó que el Gobierno «avanza y cumple su hoja de ruta y sus planteamientos».

Sin embargo, la lista de retos aún pendientes de su Gabinete es muy larga y está plagada de importantes desafíos para la estabilidad parlamentaria de España. Así, la promesa del inquilino de La Moncloa de reformar el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales, hecha en campaña electoral y la posterior de reformar el delito de sedición para rebajar las penas han quedado aparcadas por el momento ya en el ecuador de la Legislatura y aún a faltan dos años para las próximas generales, si se celebran cuando tocan.

A estas se unen otras como la de modificar la Ley Audiovisual para que los Consejos de Administración de medios públicos de comunicación fueran elegidos por dos tercios de los respectivos parlamentos. La falta de consenso entre los grupos políticos tampoco ha posibilitado otros cambios como la modificación de la Constitución para suprimir el término «disminuido» en el artículo 49 de la Carta Magna para las personas con discapacidad; quedara aparcada junto a la supresión de los aforamientos o la inviolabilidad del Rey.

El presidente del Gobierno prometió el 4 de noviembre, durante un debate electoral a cinco de cara a los comicios del 10-N de 2019, que iba a reformar el Código Penal para prohibir «de una vez por todas» los referéndums ilegales y evitar que se volviera a producir otro como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Ello estaría enmarcado en una serie de medidas que, según dijo, irían encaminadas a resolver la crisis de convivencia en Cataluña. Sin embargo, esta idea quedó relegada el 20 de enero de 2020 cuando, tras tomar posesión, manifestó su intención de reformar el delito sedición, por el que fueron condenados los líderes del pocés, posteriormente indultados por el Gobierno.

El líder del PSOE mantuvo entonces que «esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que no tenemos delitos homologables a otros países del entorno europeo».

El propio Sánchez congeló esta posibilidad de reformar el delito de sedición en junio de este año -en una respuesta a la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras- al asegurar que, aunque la voluntad del Ejecutivo es hacerlo, lamentablemente no cuenta por el momento con los apoyos necesarios en el Parlamento para llevarlo a cabo.

En este sentido, argumentó que España había aprendido una lección con el delito de sedición en 2017, cuando el expresidente Carles Puigdemont se fugó a Bélgica junto con varios consejeros del entonces Govern. Este delito no fue reconocido por la justicia en Alemania, donde fue detenido en un viaje, quien no autorizó la entrega a España del fugado.

Durante aquel debate de noviembre de 2019, el jefe del Gobierno prometió también «construir concordia desde la educación» aprobando una asignatura para toda España en valores civiles, constitucionales y éticos, algo que incluye la reforma educativa.

La tercera medida puesta sobre la mesa aquel día, la de modificar la Ley Audiovisual para que los consejos de administración de los entes públicos de medios de comunicación sean aprobados por dos terceras partes de los Parlamentos autonómicos, no se ha hecho aún efectiva. Al menos, no está de momento en el proyecto de reforma de la Ley Audiovisual. Esta reforma se hace básicamente para adaptar la legislación a la normativa europea, pero Moncloa también ha aprovechado para incluir otras cuestiones relativas a RTVE.

Renovación de la Corona

El 10 de julio de 2020, Sánchez se manifestaba partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. Lo expresaba así al hilo de las informaciones sobre el dinero supuestamente recibido en el extranjero por Don Juan Carlos I.

Y en diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que el Jefe del Estado quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que Felipe VI estaba trabajando entonces en asuntos como «rendición de cuentas» y «renovación» aunque debían ir «paso a paso». «Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad» señaló en aquel momento.

Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, la portavoz del Gabinete, Isabel Rodríguez, enfriaba estos planes al señalar que no se ha producido ningún avance en el plan normativo que anunció el Ejecutivo hace un año con el objetivo de renovar la Corona respecto a su transparencia y ejemplaridad. Además, dejaba claro que ahora mismo esta no era la prioridad, sino que el empeño del Gobierno está centrado en la recuperación económica y en cumplir los compromisos con la Unión Europea.

Otra de las medidas estrella del Ministerio de Justicia que sigue en la nevera, además de la prevista inicialmente para reformar el delito de sedición, y sin visos de prosperar en el medio plazo, es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que el peso de la instrucción la lleven los fiscales.

Tras ser impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, con la nueva titular se paralizó después de que se conociera un informe negativo de la Fiscalía. En octubre, el Ejecutivo anunció que creaba un Grupo de Trabajo Interinstitucional que se encargará de revisar el anteproyecto. Así, la única reforma que se ha llevado a cabo de la LECrim ha sido la del artículo 324 para ampliar de seis a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.

El Ministerio de Justicia tampoco ha llegado a tiempo este mes de diciembre para trasponer la directiva europea de protección al denunciante, conocida como whistleblower. Si bien anuncian que «solo quedan por cerrar algunos flecos pendientes» y que está previsto que en enero el departamento dirigido por Pilar Llop eleve el texto al Consejo de Ministros.

Precisamente, el refuerzo de la protección del denunciante fue una de las promesas de Sánchez en el debate de investidura, en el que también anunció la creación de un Plan Nacional contra la Corrupción, reforzando los medios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con nuevas figuras penales.

Término disminuido

Otra de las medidas que el Gobierno no va a poder llevar a cabo es la reforma de la Constitución para suprimir el término «disminuido» del artículo 49 de la Carta Magna. Pero en esta ocasión, el incumplimiento no es atribuible al Ejecutivo, que sí llevó el proyecto al Parlamento, sino al rechazo de PP y Vox a que saliera adelante. Para su aprobación se necesitaba una mayoría reforzada de dos tercios y los partidos de la oposición, que lo rechazan, suman más de un tercio del Hemiciclo.