El Gobierno de Pedro Sánchez tenía a su llegada dos promesas que cumplir con la mayor urgencia. Una de ellas era el incremento de las pensiones y que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes en un 0,9%. La otra era la subida del sueldo de los funcionarios y es un compromiso que viene arrastrándose desde el año 2018, paralizado por las citas electorales, ante el que los sindicatos están atentos. «Los funcionarios están muy decepcionados por este tema», explicó el presidente provincial de CSIF, Lorenzo Domínguez, quien apuntó a que fue el presidente del Gobierno quien fijó su compromiso para el momento en que hubiera Gobierno. El acuerdo de 2018 implicaba «el aumento del 2% desde el 1 de enero» y ayer tras el Consejo de Ministros de este viernes el nuevo Ejecutivo se conoció una carta a este sindicato, mayoritario en la función pública, en la que confirma este aumento salarial, más un 0,3% adicional y un 0,5% en función de la evolución económica pero sin ponerle fecha.
Por este motivo, desde el sindicato avanzaron que en el plano nacional se está analizando la posibilidad de iniciar protestas. «Desde el sindicato la idea es mantener movilizaciones hasta que se produzca el cumplimiento de ese acuerdo», dijo Domínguez. El sindicato, apuntó el viernes tras el comunicado del Gobierno, que dará «un margen razonable». Una subida salarial del sueldo de los funcionarios afectaría a más de dos millones y medio de trabajadores y en el caso de la provincia de Ciudad Real serían unos 35.000 empleados públicos de las distintas administraciones. Se debe tener en cuenta que la subida afecta a todos los ámbitos como son la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma. «Es una subida para todos los empleados públicos», apuntó el presidente provincial de CSIF, quien recordó que afecta a los profesores, sanitarios, personal de la universidad, si bien el Ejecutivo ha avanzado su intención de cumplirlo «a la mayor brevedad posible».
Como un segundo reto del nuevo Gobierno para los funcionarios públicos se suma la convocatoria de una oferta de empleo público amplia y necesaria debido a que «se esperan jubilaciones masivas en las administraciones de entorno a 900.000 funcionarios». «Se precisa una oferta de empleo muy amplia para abarcar todas esas vacantes que se van a quedar por jubilación y las ofertas públicas que ahora mismo son muy escasas». Domínguez recuerda que desde que se aprueba la plaza y hasta que se convocan pasa un tiempo. «Tenemos unas plantillas muy envejecidas y hay que ir renovándolas».