El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reconocer a sus propias víctimas del terrorismo con un proyecto de ley de reparación y reconocimiento que busca dignificar a las 284 víctimas de terrorismo contabilizadas en Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno aprobó este anteproyecto de ley cuando se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un hito que cambió la percepción y la respuesta de la sociedad española ante el terrorismo en Euskadi.

También es un momento en el que se habla mucho de memoria, por lo que «creemos que lo importante es dignificar la memoria de las víctimas», dijo el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro. Una memoria «necesaria para nuestra democracia» afirmó, y añadió que el reconocimiento a las víctimas es «un deber moral y ético».

Guijarro explicó que esta nueva ley va a proporcionar el contexto necesario para el reconocimiento a las víctimas con acciones de incentivación positiva, y favorecer la sensibilización y recuerdo de los ciudadanos. Un proyecto de ley «cargado con mucho alma», indicó.

Asistencia y Bonificaciones. El texto, además del reconocimiento expreso a las víctimas, recoge una serie de incentivos que discriminan positivamente a esas víctimas en aquellas parcelas que son de competencia autonómica.

Así, se garantiza la asistencia sanitaria y psicológica tanto en los días siguientes al hecho como en el resto de la vida de la víctima. También atención psicopedagógica para los alumnos.

En Servicios Sociales tendrán un acceso prioritario a servicios como la ayuda a domicilio, teleasistencia, reconocimiento de distintos grados de dependencia, y prioridad de acceso a los recursos residenciales.

En Educación tendrán acceso preferente a ayudas de comedor, adquisitión material escolar o exención de algunas tasas académicas y accceso gratuito a las actividades culturales de la Comunidad.

Tendrán bonificación del 50% transporte interurbano en la comunidad, o bonificaciones fiscales como en las tasas de exámenes de los procesos de selección de la comunidad y bonificaciones en los impuestos autonómicos como el de sucesiones y actos jurídicos documentados en el caso de adquisición de la primera vivienda.

El anteproyecto de ley pasará ahora al Consejo Consultivo para su dictamen y se espera que antes de finalizar el año pueda entrar en vigor. A este respecto señaló que le gustaría que contara con el «máximo consenso» de los grupos parlamentarios en las Cortes porque «sería un buen reconocimiento a las víctimas que contara con unanimidad», reflejo de la unidad social de la región ante este hecho. En cualqueir caso, «siempre estamos abiertos a cualquier aportación que mejore el texto», agregó.