Esta mañana comenzaba en la Audiencia Provincial el juicio por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de cárcel para tres acusados, los hermanos Francisco y Juan A. A. y Estrella I. D., pareja del primero cuando presuntamente se cometieron los hechos, un delito contra la salud pública por la venta de drogas y sustancias tóxicas en la vivienda del número 44 de la calle Ciudad Real de Daimiel, donde residía el primero de los acusados y que era frecuentada por los otros dos. Un juicio que quedaba suspendido hasta el día 24 de junio por la incomparecencia de cinco de los testigos requeridos, uno de ellos por parte de la fiscal.
Los hechos juzgados ocurrían entre los meses de abril y junio del año 2019. Entonces se realizó un seguimiento de vigilancia por parte de la Guardia Civil, que finalizaba el 7 de junio con una entrada y registro en la vivienda, donde se intervenían una báscula de precisión y diversas cantidades de cocaína y heroína, superando los 40 gramos, tanto preparados para su comercialización como en bruto.
Los tres acusados, en su turno de palabra, negaban cualquier responsabilidad directa con esta actividad ilegal que se llevaba a cabo en este domicilio de Daimiel. Francisco A. A. aducía que durante esos meses en los que la Guardia Civil vigiló su vivienda, él estaba huido de la Justicia en Córdoba, al estar bajo una orden de búsqueda y captura por un delito anterior por el que era condenado. Por su parte, tanto su entonces pareja, Estrella Illescas, como su hermano Juan Amaya defendieron que ellos sólo acudían a esa dirección de manera esporádica y que tampoco tenían nada que ver con esa actividad de venta de drogas.
Francisco Amaya, durante su declaración. - Foto: Rueda VillaverdeSin embargo, los testimonios de los agentes responsables tanto del operativo de vigilancia como el de entrada y registro de la vivienda dejaban constancia de que tanto Estrella I. D. como Juan A. A. sí fueron vistos «frecuentemente» entrando y saliendo de la vivienda durante estos tres meses, y atendiendo a «un trasiego continuo de personas, muchas de ellas conocidos toxicómanos», que se acercaban hasta este número 44 de la calle Ciudad Real. Incluso se les siguió cuando ambos se desplazaron en coche desde Daimiel hasta el barrio del Pino de Puertollano para, supuestamente, adquirir más droga para vender.
En palabras del agente instructor del atestado, Francisco A. A. era el «jefe de la organización», mientras que su hermano Juan actuaba como «mano derecha o lugarteniente», siendo su entonces pareja la persona que «coordinaba las entregas».
De hecho, este dispositivo de vigilancia incluyó la intervención por parte de agentes de paisano de varias personas que habían acudido a este domicilio, a los que se intervinieron varias dosis tanto de heroína como de cocaína.
Dispositivo policial a las puerta de la Audiencia Provincial. - Foto: Rueda VillaverdeEn las grabaciones que ha aportado la Guardia Civil aparecen en varios momentos tanto Estrella Illescas como Juan A. A., mientras que a Francisco A. A. sólo se le pudo ver dos veces, el 4 y el 6 de junio, cuando era detenido, pero según la fiscal, María Luz Campo, Francisco A. A. «estuvo todo este tiempo dentro de la vivienda», como así puede corroborar uno de los testigos ausentes ayer. Un testigo que volverá a ser requerido el día 24, cuando se reanude el juicio.
La Guardia Civil dio con este negocio de venta de drogas en el número 44 de la calle Ciudad Real de Daimiel de manera casual, cuando lo vigilaron desde abril a junio de 2019 para intentar dar con el paradero de Francisco A. A., huido de la justicia durante casi un año tras estar en prisión por varias condenas, la mayor, de 23 años de cárcel por maltratar, violar y vejar a una adolescente de Valdepeñas en 2015. Tras ser detenido el 6 de junio de 2019 y devuelto a prisión, los agentes realizaban el registro en su vivienda, destapando esta actividad ilegal que, supuestamente, ha liderado ayudado por su hermano y su ya expareja. Además de los cuatro años de cárcel para cada uno, la fiscal solicita también una multa de 7.500 euros.