La Audiencia Provincial de Ciudad Real condena a un exempleado de una notaría de Almodóvar del Campo a cuatro años de cárcel por apropiarse de 79.384 euros, 68.827 de la liquidación de impuestos o gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad y los 10.557 restantes de honorarios del notario. 

El Tribunal de la Sección Segunda, que enjuició los hechos el 5, 6 y 7 del pasado octubre, le ha sentenciado por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad en documento público concurriendo la circunstancia atenuante analógica por confesión.

El encausado, que responde a las iniciales F. J. M.P., se enfrentaba a una condena de hasta 10 años de cárcel que pedía el letrado de la acusación particular en representación del notario. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de siete años. En la vista oral, ambas acusaciones consideraron probado un tercer delito: estafa agravada, del que ha sido absuelto al no apreciar el Tribunal que haya habido engaño. Ningún testigo ha manifestado haber sido víctima de engaño, según se indica en la sentencia.

Probado. Los magistrados juzgan probado que F.J.M.P. trabajó de empleado en una notaria de Almodóvar del Campo desde 2006 hasta 2016. Entre 2014 y 2016 se hizo con importantes cantidades de dinero que varios clientes entregaron para el pago de los honorarios del notario, la liquidación del impuesto o gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad. El Tribunal de la Sección Segunda considera probado que trazó un plan para hacerse con estas sumas de dinero valiéndose del acceso que tenía, por las funciones asignadas, a los protocolos de la notaria y al trato directo con algunos clientes. El fin era  un "enriquecimiento injusto", sentencian los magistrados. 

La llamada. La notaria descubrió los hechos de manera casual tras una llamada telefónica de un cliente interesándose por la situación de sus escrituras. Llamada que atendió el oficial mayor de la notaría al estar el acusado de vacaciones. Fue entonces cuando se destapó el asunto. Al verse descubierto, F. J.M. P. confesó que se había quedado con el dinero de varios clientes, aunque más tarde fueron descubiertos cuatro casos más.   

Firmó una declaración jurada admitiendo haber hecho suyo el dinero entregado por los clientes para el pago del impuesto, liquidar los honorarios de la notaría o para los gastos del registro de la propiedad. El acusado fue despedido el 16 de agosto de 2016.

La notaría tenía concertado un seguro con la compañía Wr Berkley Insurance Limited, que se hizo cargo del pago 63.027 euros para reparar los daños cubiertos por la póliza contratada. Por ello, ninguno de los clientes de la notaría reclama por estos hechos.

El notario, ya jubilado, ha sufrido un perjuicio de 25.557 euros por los daños no cubiertos por la póliza (honorarios de la notaría) más la franquicia mencionada.

Recurso. El abogado José Antonio Ocaña, que ejerce la defensa del procesado, tiene intención de agotar todas las vía. Valora que el Tribunal haya rechazado de plano el delito de estafa agravada y el mínimo legal en la pena de falsedad documental (se le ha sentenciado a 21 meses y un día), pero su idea es agotar todas las vías para que se estime la atenuante en ambos delitos con el fin de conseguir el mínimo legal en el delito de apropiación indebida. Su intención es interponer un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real para lograr una rebaja de la condena y, de este modo, poder solicitar la suspensión de la pena privativa de libertad. Es consciente de la dificultad, pero va a pelear por una suspensión extraordinaria de la condena.