Se incumplió de forma «palmaria» el decreto de provisión de jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en cuanto a que todo el proceso de evaluación tiene que realizarse «ante el público» y sólo se hizo en la primera fase. «Se ha cometido una grave irregularidad», sentencia el magistrado del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real, Antonio Barba, que da la razón al médico especialista que durante cuatro años había desempeñado la jefatura del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital General Universitario de Ciudad Real (desde mayo de 2015).

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso La Tribuna, el juez ordena repetir la evaluación con una comisión evaluadora con distintos miembros al juzgar que ha habido «graves irregularidades».

El 5 de noviembre de 2019 tuvo lugar en el hospital la prueba de evaluación que contó con la «asistencia de numeroso público». Tras la exposición de la memoria, según recoge la sentencia, el público rompió a aplaudir y el especialista en Anestesiología y Reanimación recibió «múltiples felicitaciones», entre ellas, la del propio presidente delTribunal de Evaluación. Sin embargo, de forma sorprendente, acordó que la continuación de la prueba (preguntas de los miembros de la comisión al aspirante) fuera a puerta cerrada, sin asistencia de público. Concluida esta fase, el médico especialista fue informado de que la comisión había calificado desfavorablemente su continuidad en el puesto.

La sombra de arbitrariedad. «Se cometió una grave irregularidad», sentencia el juez, quien añade que «no es baladí que la norma del propio Sescam exija la presencia de público, ya que de esa manera se reduce considerablemente la posibilidad de que la comisión evaluadora actúe de forma arbitraria».

Además, el letrado Jesús Corella, que ha defendido al médico especialista en el litigio contra el Sescam, pone el acento en que se causó una grave quiebra por indefensión al facultativo en un escenario en el que parece proyectarse la sombra de la arbitrariedad. Ahora cabe esperar que no se produzca algún tipo de arbitrariedad que pueda dejar en papel mojado esta sentencia. El juez ha anulado el proceso (ordena repetirlo con un tribunal nuevo) y tienen que restituir al especialista en el puesto, remarca el letrado Jesús Corella.

El juez también considera que habría que declarar nula el acta, ya que «no recoge mínimamente lo acontecido a puerta cerrada, ni las preguntas y respuestas, ni, sobre todo, las razones que esgrimieron cada uno de los miembros para justificar su voto favorable o desfavorable, y más en este caso que la votación concluyó  4 a 3».

Dictamina que está «tan falta de motivación, que aún desconoce el médico las razones por las que, teniendo unos datos objetivos muy favorables en la gestión de los cuatro años anteriores, la comisión evaluadora le ha calificado de forma negativa». Por tanto, «las omisiones que contiene el acta le impiden conocer por qué se efectuó una propuesta desfavorable».