Esta mañana tenía que haber comenzado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real el juicio contra el gestor de Villarrubia de los Ojos acusado de estafar, por más de un millón de euros, a unas 30 familias de esta localidad entre 2011 y 2016, en un procedimiento judicial en el que también están encausadas su mujer y su hija. Sin embargo, la representación legal de todas las partes han acordado solicitar una prórroga de dos días, hasta el viernes, para negociar e intentar llegar a un acuerdo, tanto en el aspecto penal como en el de responsabilidad civil, concretando las cantidades indemnizatorias en cada uno de los casos, a las que tendrán que hacer frente las compañías aseguradoras en nombre de las que actuaron los acusados para, supuestamente, estafar a una treintena de clientes.
De este modo, tanto el acusado, Pedro Vicente Garrido, como su mujer y su hija, se volverán a sentar en el banquillo este viernes, cuando se conocerá si finalmente se ha llegado a un acuerdo de conformidad o si, por el contrario, el procedimiento se vuelve a señalar para su inicio. La Fiscalía de Ciudad Real pide cinco años y seis meses de cárcel para el principal acusado, mientras que su mujer y su hija se enfrentan a cuatro años de prisión, al considerarle a él autor de los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y falsedad documental; y a su mujer y su hija de ser cooperadoras necesarias.
José Luis Vallejo, abogado que representa a la mayoría de las familias afectadas, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de llegar a un entendimiento, aunque condicionado a que "haya condenas para todos" y a que, en la parte de responsabilidad civil, "se tendrá que resarcir en la mayor medida posible el importe estafado. Si no, no habrá conformidad", decía tajante. En este sentido, el letrado confesaba haber visto "voluntad" por parte de las aseguradoras implicadas a la hora de hacer frente a las diferentes indemnizaciones.
Los hechos
En su gestoría de Villarrubia de los Ojos, desde 2011 a 2016 el principal acusado era responsable exclusivo de la entidad aseguradora Helvetia, mientras que su mujer actuaba como agente colaborador de la entidad Banesto, absorbida por el Banco Popular, concretamente hasta el año 2010, y la hija de ambos ejercía funciones en la gestoría como auxiliar externo de la agencia mediadora Amsur, que gestionaba pólizas emitidas por la entidad aseguradora Seguros Santa Lucía.
Dentro de las labores propias de la gestoría y captación de clientes para las compañías para las que desempeñaban sus servicios, y aprovechando su reputación social en la localidad, los acusados presuntamente simularon contratar pólizas y productos financieros a particulares, ofreciendo productos inexistentes o muy beneficiosos con tipos de interés entre un 4 % o 5 %. La Fiscalía también sostiene que rescataban productos realmente contratados de forma ilícita para beneficio propio, utilizando los impresos de las entidades Helvetía, Seguros Santa Lucía o Banco Popular, o presentándose como agente financiero de Santa Lucía, Helvetía o BBVA, para facilitar las transacciones.
Desde que se destaparan estos hechos, Pedro Vicente Garrido llegó a permanecer dos años en prisión preventiva, tiempo que computará en la pena que finalmente se le imponga. Después de seis años de espera, todo apunta a que todas las partes llegarán a un acuerdo este viernes.