El abogado cree favorable la declaración de los sacerdotes

Pilar Muñoz
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El proceso se retomará el día 16 con la declaración del entonces rector del Seminario y otros sacerdotes, entre ellos el vicario judicial de la Diócesis

El abogado cree favorable la declaración de los sacerdotes - Foto: Tomás Fernández de Moya

El juicio por los supuestos abusos sexuales de un sacerdote a nueve menores en el Seminario Diocesano entre 2013 y 2015 se está celebrando en la Audiencia Provincial de Ciudad Real conforme a lo previsto, después de algún que otro contratiempo que llevó a aplazar e incluso a suspender el proceso.

En la cuarta sesión del juicio que tuvo lugar ayer le tocó el turno al primer grupo de sacerdotes llamados a declarar después de que finalizará la declaración de todos los padres de los entonces menores, que han ratificado la versión de sus hijos. Todos pasaron un mal rato, como también los sacerdotes y teólogos que testificaron ayer.

 Para Francisco Maroto Granados, abogado que ejerce la defensa del encausado, las declaraciones de los sacerdotes les han sido favorable. Sin querer entrar en detalles porque no puede (el proceso judicial se está celebrando a puerta cerrada para salvaguardar la identidad de los chicos), ha asegurado que «los sacerdotes y teólogos han manifestado lo declarado en su día, han explicado sus vivencias respecto a los hechos», unos testimonios que, según el letrado, le sirven como elemento de contraste respecto del resto de probatorios.

Sin embargo, el abogado Rodrigo García, que ejerce la acusación particular en representación de las familias de tres de los nueve jóvenes afectados, discrepa abiertamente en cuanto a la estimación de la defensa y ha afirmado que no habido sorpresas. «Han ratificado lo que manifestaron en su día», ha concluido sin concretar.

las medidas. Quizá no haya habido sorpresas para las partes (acusaciones y defensa) en cuanto al testimonio de los sacerdotes que fueron compañeros del encausado Pedro Jiménez, pero sí para la prensa respecto a la resolución del Tribunal Eclesiástico que no ha trascendido. Según el abogado Francisco Maroto, «no ha habido juicio» y, por tanto, no hay condena del Tribunal Eclesiástico en la causa contra el exsacerdote acusado por supuestos abusos sexuales. «Se dictó un decreto en el que se adoptaron una serie de medidas que no fueron aceptadas por el religioso porque desde el primer día ha defendido su inocencia». Así lo ha revelado en la cuarta sesión del juicio el abogado que ejerce la defensa del excura que está siendo enjuiciado por la justicia ordinaria en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El proceso judicial se retomará el próximo día 16 con más testigos de la defensa y de la acusación, entre ellos, el entonces rector del Seminario Pedro López de la Manzanara y del vicario judicial de la Diócesis, Bernardo Torres.

la denuncia. El silencio se rompió el 31 de marzo de 2016, pero los supuestos abusos sexuales cometidos por el sacerdote formador de menores que estudiaban Educación Secundaria Obligatoria en el Seminario podrían haber sucedido desde 2913. El entonces obispo de Ciudad Real Antonio Algora puso en conocimiento de la Fiscalía un informe interno por si ciertos comportamientos del sacerdote pudieran ser constitutivos de un delito de abusos sexuales. La Fiscalía ante el resultado de una investigación interna ordenada por el Obispado de Ciudad Real a primeros de 2016 abrió diligencias que acabaron con un escrito de acusación en el que se pide una condena de 40 años de cárcel para el excura por presuntos abusos sexuales en las personas de nueve menores que cursaba estudios de ESO.

El Tribunal Eclesiástico fue más diligente que la justicia ordinaria y, en virtud de su resolución, el papa Francisco no dudó en ordenar la dimisión ex oficio et pro bono Ecclesiae -dimisión por oficio y por el bien de la Iglesia- del estado clerical del sacerdote acusado de abusar sexualmente de nueve menores en el Seminario de Ciudad Real.

El cura se negó de forma reiterada a cumplir la pena canónica de reclusión en un monasterio durante cinco años y por eso se decretó «su dimisión», es decir, se le apartó de su ministerio de sacerdote y de la función docente en relación con los centros de la Iglesia.