La instrucción por el asesinato de Nancy Paola Reyes, embarazada de dieciséis semanas, ha concluido y el procedimiento ya se ha registrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real para proceder a nombrar al magistrado presidente del Tribunal del Jurado, resolver las cuestiones previas que hayan presentado las partes (acusaciones y defensa) e iniciar la tramitación para la celebración del juicio oral con jurado. Según ha podido saber La Tribuna, la causa está pendiente de iniciar los trámites del jurado y «bastante prueba solicitada», es decir, testigos, policías nacionales que se encargaron de resolver el asesinato, forenses que realizaron la autopsia al cadáver y otras pruebas periciales y documentales.
Nancy Paola Reyes nació en Guatemala, tenía 29 años y dos hijas de corta edad que se quedaron en su país al cuidado de sus padres cuando vino a España. Llevaba unos meses en Ciudad Real cuando conoció a Carlos Andrés Bustamante, colombiano de 28 años. La pareja vivía en un piso de la calle Morería cuando en agosto de 2020 viajaron a Santander, donde alquilaron un estudio en la calle Carlos III para la semana del 9 al 16 de dicho mes. Él prorrogó otra semana más el contrato de alquiler con fecha de extinción de 23 de agosto.
La familia de Nancy, ante la falta de noticias, denunció su desaparición. El 17 de septiembre de 2020 era hallado su cadáver desmembrado en bolsas de basura ocultas en una zona de matorral muy frondosa y difícil acceso, conocida en Santander como paseo de la Peña del Cuervo. El acusado fue detenido el 29 de agosto de 2020 en Madrid y desde entonces está preso preventivo.
La autopsia reveló que Nancy Paola Reyes estaba embarazada de 16 semanas de gestación cuando fue asesinada por su pareja en Santander, según recoge el escrito de acusación del fiscal Jesús Gil, que pide una condena de 33 años y cinco meses de cárcel por asesinato alevoso, delito de aborto y profanación de cadáveres. Según el fiscal, la descuartizó en la cocina del estudio tras atacarla de forma súbita y repentina con ánimo de acabar con la vida.
El abogado Jesús Medina, que ejerce la defensa del encausado, pide la absolución.