Quienes proveen al Ayuntamiento de bienes y servicios cobran en una media de entre 8 y 9 días. Así lo puso de manifiesto a La Tribuna el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, en un balance de esta gestión que siempre ha sido un termómetro de la situación económica de las administraciones y que tiempo atrás llegó a desbocarse, por lo que el Gobierno central articuló una ley que dejaba a las claras los plazos que debe cumplir la administración: 30 días desde la aprobación de las facturas. Y es que en algunas administraciones los plazos iban pasando de manera que las pequeñas y medianas empresas veían pasar las hojas en el calendario hasta que cobraban de la administración.

En el caso de la capital, no obstante, Clavero hace cuentas y explica que la media de los últimos ocho años (en los que ha estado el PSOE en el equipo de Gobierno municipal), es de «entre 8 y 9 días», una buena cifra, considera, que no sólo refleja «la voluntad política» de afrontar los pagos, sino también «la administrativa».

En este sentido, afirma que el desembolso en ese reducido periodo de tiempo es el reflejo de que las cuentas están «saneadas» y que se actúa con agilidad, aunque «tampoco es darle a una tecla y ya está», dice reconociendo que en determinados meses y situaciones el plazo se alarga. Es el caso de enero de este mismo año, cuando se pagó con una media de 21 días. «En enero suele ser más amplio porque es cuando hay cambio de contabilidad», mientras subraya que «problemas de liquidez no hay ninguno».

En concreto, Clavero establece como referente para el pago el mes de septiembre de cada uno de los años, ya que es cuando supone la vuelta a la normalidad tras el verano y los desembolsos correspondientes tras el mismo. Así, detalla en una tabla resumen que en 2015 el plazo medio era de 17,87 días; en 2016 bajó hasta 4,93; en 2017 subió hasta los 13,09; en 2018 hasta los 14,49 días y a partir de ahí inicia una tendencia descendente con 9,39 días de media en 2019; 6,16 en 2020; 8,79 en 2021 y 12,7 días el pasado año 2022.