El arduo camino para conseguir la licencia de Urbanismo lo está sufriendo 'en sus carnes' la Junta de Comunidades, a cuenta de la obra de rehabilitación del antiguo edificio de La Ferroviaria, una actuación en la que la Administración regional prevé inyectar 1,6 millones. Sin embargo, más de un año después desde que remitiera el proyecto al Ayuntamiento -el 24 de julio de 2020-, la Junta sigue sin conseguir la licencia. La propia delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, se refirió esta semana al retraso que acumula y mostraba su confianza en tener soluciones pronto.
Pero, de momento, aunque el trámite está más cerca de su final, sigue su tortuoso proceso. Técnicos de ambas administraciones han mantenido encuentros a fin de concretar los aspectos a subsanar y hacer posible el inicio de los trabajos para convertir el viejo colegio en el Centro Regional de Folclore tras meses de espera que le han valido al Ayuntamiento una fuerte reprimenda de la Junta. Tras la reunión del pasado 23 de septiembre, la administración autonómica ha dicho basta y entiende que ya no hay «deficiencias no subsanables, sino que, por el contrario, los requerimientos han sido atendidos y cumplidos». Incluso va más allá y llega a formular un requerimiento previo a la vía judicial para que se deje sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 20 de septiembre, cuando el Consistorio denegó la licencia. Ese requerimiento es la vía para alegar contra esa negativa y, según ha podido comprobar La Tribuna, tiene fecha de 14 de octubre y lo firma la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.
En ese texto, aunque se vislumbra ya una solución a este 'atasco' burocrático se expone el periplo de más de un año sufrido por la Junta. Y no es la primera vez que alguien expone el azaroso proceso hasta conseguir una licencia del área de Urbanismo. Ya en mayo, arquitectos, constructores y empresarios mostraron sus quejas por la extensión de los plazos para conseguir los permisos, principalmente las licencias de actividad, así como por las dificultades para obtener respuesta a los expedientes. Incluso en la Catedral apuntaban esta semana que también ellos esperan la licencia para acometer obras.
Y son esas quejas a lo que recuerda el informe de la Junta, tanto por los argumentos que ofrece como por su propia redacción. El Gobierno regional señala que entiende como silencio administrativo favorable la demora en más de un mes del Ayuntamiento en dar respuesta. «Se ha superado ese plazo con creces en cuatro ocasiones», le recrimina la consejera Rodríguez, ofreciendo al detalle toda la relación de fechas. También critica se que se señalen aspectos a corregir casi por fascículos, algunos «casi tres meses después y tras una consulta telefónica al Ayuntamiento», por lo que considera «contrario al principio de buena fe y de seguridad jurídica la práctica seguida por esa Corporación de la utilización del trámite de subsanación para incorporar requerimientos nuevos a los realizados con anterioridad». Actualmente, según ha podido saber este diario, la Junta ha presentado las subsanaciones y el Ayuntamiento las estudia conforme a lo acordado en la reunión, por lo que la aprobación de la licencia podría ir a la Junta de Gobierno de principios de noviembre.