Pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas de notoria importancia (cocaína) y blanqueo de capitales. Estos son los cargos que se imputan de forma provisional a la decena de detenidos el pasado martes en Ciudad Real y Toledo.

La fiscal del caso pidió prisión provisional para todos, medida cautelar que decretó el juez que instruye la causa por unos hechos investigados desde el pasado marzo.

A primeras horas de la mañana de ayer los detenidos (siete varones y tres mujeres), la mayoría de origen dominicano, fueron trasladados desde la Comisaría Provincial a los Juzgados de Ciudad Real. Al mediodía pasaron a disposición judicial y poco antes de las nueve de la noche el juez les mandaba a prisión. Se acogieron al derecho a no declarar. Sólo respondieron a preguntas de sus abogados, indicaron a este diario fuentes jurídicas. También en sede policial, tras las detenciones, se acogieron al derecho a no declarar a preguntas de los investigadores de la Policía.

Sala de vistas donde les citó el juez instructor para la toma de declaración - Foto: Tomás Fernández de MoyaCocaína, armas, dinero... Las detenciones se produjeron la madrugada del martes de forma simultánea, como las entradas y registros en viviendas de Ciudad Real capital y de la localidad toledana de Palomeque. La Policía Nacional se incautó de algo más de cuatro kilos de cocaína e intervino armas cortas e importantes sumas de dinero, unos 11.000 euros en una vivienda y 4.000 en otras.

Los abogados trataron de justificar estas cantidades tras defender la inocencia de sus clientes, la mayoría matrimonios con hijos nacionalizados en España. Según la letrada Ángela López Fuensalida, no consta acreditado la acusación respecto a sus defendidos, personas humildes y trabajadoras, aseguró, al tiempo que afirmaba poder demostrar su inocencia y acreditar que tienen trabajo mediante contratos laborales y nóminas. En los mismos términos han defendido Beatriz Uriarte y Dámaso Arcediano a sus clientes.

Sin embargo, el juez instructor y la fiscal se mantuvieron firmes en su resolución sustentada en las pruebas aportadas por la Policía Nacional y en el interrogatorio, aunque sólo respondieran a sus abogados.