Ya hubo un primer intento en el año 2013 y ahora se va a por el segundo. El Ministerio de Defensa ha sacado de nuevo a subasta pública las antiguas viviendas militares ubicadas junto a la Puerta de Toledo, una parcela de 6.127 euros el metro cuadrado con distintos edificios que están todos ellos vacíos y sin uso desde hace años.

De hecho, se trata del último vestigio del Ministerio que dirige Margarita Robles en la zona de la Puerta de Toledo y para el que, de nuevo, se cuelga el cartel de 'Se vende'. Y se hace a través del Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied), bajo el título 'Parcela C del antiguo cuartel de la Misericordia en Ciudad Real'.

La parcela, en la que se incluyen varios inmuebles aislados, sale a subasta pública por un precio de 2.945.291,23 euros, una cantidad con la que la Administración trata de dar salida a una propiedad que ya tiene un destino principal: la construcción de viviendas públicas. Así se recoge en las condiciones técnicas publicadas en la página web del Invied, en el que se detalla que el uso predominante es el residencial y que según «el acuerdo de actuación entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en la parcela deberán construirse viviendas sometidas a algún régimen de protección pública». No obstante, también se dispuso que esas futuras viviendas se unirán a la construcción de equipamientos para los ciudadanos y, de hecho, la parcela cuenta con usos compatibles como el administrativo, comercial, establecimientos públicos, enseñanza, cultural, sanitario o el de hospedaje, según se detalla en el informe de Urbanismo que se adjunta en dicho pliego.

Por lo que respecta a las viviendas públicas, hay que recordar que ya en 2011, hace una década, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, y el presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda, suscribieron un protocolo en relación a la parcela del antiguo acuartelamiento de la Misericordia para permitir la construcción de 150 viviendas de protección pública en la misma. Ese protocolo se renovó en diciembre del año pasado y en este caso el firmante junto al Ministerio era el actual consejero de Fomento, Nacho Hernando, de manera que desde la Junta se detalla que actualmente es el Ministerio el encargado de sacar la parcela a subasta y promover la construcción de vivienda pública, mientras que la Administración regional acompaña en «la búsqueda de promotores». Posteriormente, el precio de venta se deberá ajustar a los precios que la Junta establece en la legislación de vivienda pública de la comunidad autónoma, confirmaron a este diario desde la Consejería de Fomento.

No es el único edificio de la capital para el que se ha buscado como salida para su abandono la subasta pública: también la propia Junta de Comunidades optó por esta vía en los años de gobierno de Cospedal para el antiguo edificio de la Cruz Roja y para el antiguo colegio de la Ferroviaria, todas ellas sin éxito tras varios intentos.