Con el precio de la luz y del gas por las nubes, las necesidades energéticas de un hogar se convierten en uno de los elementos a los que recurrir para reducir el gasto en mantener caliente una vivienda. Se trata de un aspecto clave que desde hace unos años es obligatorio para la venta y el alquiler y que debe registrarse en las oficinas de registro de la comunidad autónoma. En la provincia de Ciudad Real hay más de 24.000 registrados, pero solo 164 obtienen la mejor calificación, una A, y 420, la segunda mejor, una B. La letra C, notable, llega a 924 viviendas. En un aprobado, una D o una E, se sitúa la mayor parte de los inmuebles que han registrado este documento, casi 16.000. Además, hay más de 6.600 viviendas donde no se llega a ese aprobado, lo que indica el largo camino por recorrer que hay en cuanto a la eficiencia energética en la provincia, más de la mitad de los hogares que cuentan con un aprobado bajo, una E en eficiencia.
«Sin duda, la eficiencia energética en el ámbito de la reforma y rehabilitación es uno de los segmentos con más presente y futuro en el sector de la construcción, más teniendo en cuenta que las ayudas públicas y sobre todo los fondos europeos que llegarán tienen como principal objetivo la rehabilitación de viviendas, la eficiencia energética y la reducción del consumo eléctrico», recordó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC), Manuel Carmona. Como dato relevante, «en Castilla-La Mancha hay más de 600.000 viviendas cuya construcción es anterior a 1980», y no están obligadas a cumplir con los estándares de eficiencia actuales, tanto de consumo eléctrico como de necesidades energéticas.
Desde la APEC recordaron que en estos años, lo que más se ha vendido o alquilado son viviendas más antiguas, «al no darse normalmente la figura de la nueva promoción para alquiler», y que el mercado de compraventa esté capitalizado por los hogares de segunda mano provoca que las viviendas antiguas sean las que tengan más relevancia en el registro de certificados del Gobierno regional, un trámite obligatorio a la hora de que el documento sea válido.
Inversión más que gasto.
Para la asociación de construcción es clave la necesidad de ver las obras de eficiencia como una inversión más que como un gasto. El problema es que «muchas veces es difícil de asumir por particulares o comunidades de vecinos», ya que supone «una inversión importante» al tener que invertir en aislamientos o carpinterías, por ejemplo, y «debe ir acompañada de ayudas públicas, de una tramitación ágil y de una legislación en materia fiscal o de propiedad horizontal que la favorezca». A esto se suma que es «el tiempo» el que aporta la rentabilidad a la inversión, ya que no es inmediato el ahorro. En el medio plazo, «solo en ahorro energético se amortiza el precio de la obra», a lo que se suma «el bienestar en la habitabilidad» y, también, la mejora medioambiental. «A veces, en un primer momento, el cliente ve que el presupuesto que le presenta la empresa para la mejora de la eficiencia energética es más costoso que el de una reforma más simple desde el punto de vista de la construcción, sin fijarse en el ahorro a medio o más largo plazo», dijo Carmona, quien cree que se debe vencer esa barrera, porque el coste de la eficiencia provoca un retorno.
Aunque no todas las obras de reforma son iguales, en cálculos realizados por la asociación nacional de construcción, la media es que entre siete y 10 años se pueden amortizar estas obras de eficiencia, «en la vida de una vivienda no es nada» y «el cliente podía amortizar el coste de la inversión solo en ahorro energético». «A partir de ese plazo, la rehabilitación está pagada y la factura en consumo decrece año a año», señaló el presidente de la APEC.