Menos solicitudes de nuevo ingreso en los colegios y más plazas vacantes. Esta es la realidad que arroja el proceso de admisión de alumnos de tres años en la capital y que se ve con preocupación en la comunidad educativa por el descenso de la natalidad de los últimos años, que, además, se agravará como consecuencia de la reducción de los nacimientos que ha supuesto la pandemia, así como por el freno de la llegada de extranjeros o el aumento de las dificultades sociolaborales por la nueva crisis.
Los datos ponen de relieve que las solicitudes de escolarización en la capital han descendido en 141 en los últimos años. Han pasado de las 728 que había para el curso 2015-2016, para un total de 805 plazas, a las 587 peticiones del curso que viene, en este caso para 759 vacantes. El número de plazas que se quedan sin ocupar ha crecido en esos cursos académicos (de 77 a 172) y eso a pesar de la reducción que ha habido también en la oferta disponible por el cierre de dos colegios, el Juan Alcaide y el Ciudad Jardín.
La incidencia de estos datos se ha dejado notar para el curso que viene tanto en los centros públicos como en los concertados, si bien ha sido este último tipo de enseñanza la que ha experimentado un vuelco al situarse las solicitudes (223) por debajo de las plazas (253), cuando lo habitual era que lo contrario, debido al tirón que tiene esta formación en la capital.
Para el presidente de la Asociación Provincial de Escuelas Católicas, Javier Poncela, la disminución en el número de solicitudes de escolarización de la educación concertada se debe principalmente «al descenso de la natalidad en Ciudad Real, que ha bajado bastante», mientras que ve menor la incidencia que ha podido tener la nueva ley educativa, la Lomloe, más conocida como la Ley Celaá, que si bien ha podido generar «cierto temor» en algunos padres, no cree que haya sido la causa principal de la bajada. Indicó que el proceso de admisión de alumnos se ha mantenido igual que el año pasado y que, además, se debe esperar para conocer lo que sucederá en relación con la mencionada ley, que está recurrida en Europa.
Poncela reconoció que la evolución de la natalidad y la incidencia en las aulas dibuja un escenario preocupante, teniendo en cuenta, además, los efectos agravados de la pandemia para los próximos cursos escolares. «Sí, es preocupante para todos, no sólo para la concertada. Si no hay niños no podemos hacer nada y si sigue descendiendo a ver qué puede pasar», comentó. Según el padrón continuo del INE, por ejemplo, en 2021 había 800 niños de cuatro años menos que en 2020. En ese contexto, señaló como fundamental que se respete la libertad de elección de los padres, que se ha visto atacada, dijo, con la Ley Celaá.
La presidenta provincial del sindicato de educación ANPE, Mónica Sánchez de la Nieta, apuntó al descenso de la natalidad y sus efectos en el proceso de admisión. «Se ven 100 o más solicitudes menos y también sucede en otras localidades de la provincia», dijo, para poner de relieve que en el caso de la capital se explica «por la bajada de la natalidad, que no hay empleo y no vienen familias de fuera con hijos». Por esta razón, abogó por una «bajada de ratios» que redunde en una mayor calidad educativa y en una atención más individualizada, principalmente para responder a las necesidades especiales de alumnos y teniendo en cuenta además que en este año, marcado por el COVID, también se verá afectado el rendimiento académico de muchos alumnos.
Los factores sociales, económicos y culturales que están detrás del descenso de la natalidad también fueron puestos de manifiesto por la presidenta del sindicato, así como por las directoras de varios centros educativos de la capital, consultados por La Tribuna y que señalaron lo complejo de plantear soluciones a un problema general. «Poco podemos hacer si las familias no quieren tener hijos», apuntaron desde algunos de estos centros. Asimismo, mientras que desde algunos de los colegios más demandados no ven una amenaza cercana en el descenso de la escolarización, en otros con apenas peticiones de nuevo ingreso señalan la conveniencia de adoptar medidas, como el fomento de la conciliación o el apoyo a la crianza.