Llevaban un tren de vida que levantó sospechas

Pilar Muñoz
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El capitán de la Guardia Civil al mando del operativo que terminó con 13 detenidos por tráfico de drogas y blanqueo en la comarca de Almadén afirma que el principal imputado no vivía del ganado como ha declarado

El capitán de la Guardia Civil que estuvo a cargo de las actuaciones detalló ante el Tribunal la investigación.

«No tiene ingresos suficientes para el nivel de vida que llevaba. La diferencia entre los gastos y los ingresos era significativa».  Así de contundente se ha expresado el capitán de la Guardia Civil respecto a Rubén T. P. acusado de tráfico de drogas en la comarca de Almadén y blanqueo de capitales, delito que la Fiscalía también imputa a sus padres, su pareja y sus suegros.

El oficial que estuvo al cargo de todo el operativo ha mantenido este miércoles ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que enjuicia los hechos, la acusación contra los siete procesados tras defender la investigación llevaba a cabo por los agentes a su mando que se cerró con 13 detenidos. Seis han admitido el delito de tráfico de drogas y han aceptado cumplir penas de entre uno y tres años de cárcel, así como hacer frente a multas de 9.000  euros en el caso de dos de ellos y 400 el resto.

Rubén T. P., sus padres Domingo T. P. y Adela P. R., su pareja Ainhoa  F. H. y sus suegros Francisco Javier P.P. y María Petra H.P. han rechazado el acuerdo de conformidad al mantener su inocencia, como también Bernabé Z.D. El martes se inició el juicio con el interrogatorio a estos siete encausados que negaron los cargos. Hoy ha sido el turno de la Guardia Civil. El capitán al mando del operativo ha asegurado que la investigación patrimonial confirmó las sospechas. Rubén T. P. y su pareja llevaban un tren de vida que no se correspondía con los ingresos. Tuvo un incremento patrimonial no justificado entre 2018 y 2019. Tenía varios vehículos a nombre de su mujer o del padre y facturas de pagos en una clínica ginecológica y de reproducción asistida de hasta 6.000 euros.

El agente que realizó el informe patrimonial de la familia del principal imputado ha dicho que los ingresos de Rubén T. en 2018 eran de algo más de 4.000 euros y los de 2019 no los tenían porque no había presentado la declaración de la Renta cuando se cerró la investigación.

Pero lo que sí habían constatado es la gran diferencia entre los gastos y los ingresos, así como movimientos de dinero en las cuentas que llamaban la atención. El encausado ha reiterado en la primera sesión del juicio que se dedicaba a su explotación ganadera y hoy los investigadores han asegurado que de unas 70 ovejas pasó en poco tiempo a tener una cabaña de 305 ovinos, sementales ... «Su pareja no trabajaba, pero era titular de una cuenta bancaria y tenía a su nombre cuentas y vehículos (Citröen, retroexcavadora, un Pick-up ...)».

Del mismo modo, los agentes verificaron los movimientos en las cuentas bancarias de los padres de Rubén T. y de la finca adquirida en  Chillón y una vivienda en Almadén.

También investigaron los movimientos en las cuentas bancarias de los suegros, así como las transferencias de dinero de cierta importancia. Todos ellos se enfrentan a una condena de cuatro años de cárcel por blanqueo de capitales y en el caso de Rubén ocho porque se le imputa también tráfico de drogas. En Almadén era «vox populi», ha dicho el comandante del puesto de la Guardia Civil a preguntas del fiscal jefe, Luis Huete.

El abogado Miguel López, que defiende a Rubén T. y a su familia, sostiene que no hay pruebas y que no se puede condenar por la rumorología y el afán de venganza de los denunciantes y testigos protegidos.  Una de estas personas, mujer, ha testificado hoy. Ha declarado mediante videoconferencia que «Rubén pasaba la droga a Bernabé para que la distribuyera» tras señalar a otros acusados que han admitido el delito y llevarían el negocio junto al presunto cabecilla. A preguntas del letrado Dionisio Pérez que defiende a Bernabé Z, la testigo ha acabado reconociendo que tuvo un pleito con el acusado. Según las defensas los testigos se mueven por venganza. Para la Guardia Civil, los hechos están claros tras apuntar también a mensajes de WhatsApp que hablaban de la venta de un kilo de cocaína.

El juicio continuará el 23 de septiembre con otro testigo protegido y los informes finales.