El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha finalizó en octubre los procesos con mayor número de plazas y afectados correspondientes a la oferta de empleo público del año 2009. Se trata del cierre, provisional, de un largo proceso que ha concluido con el reconocimiento como funcionarios de más de 1.200 aspirantes de aquellos exámenes casi una década después. Se trata de un proceso judicial contencioso administrativo que tuvo su centro en Ciudad Real con la decisión de dos celadoras de llevar hasta el final su demanda, contra las bases de las oposiciones, y que ha sido realizado por la abogada Juana Ayala, quien advierte que aún quedan flecos importantes por resolver por el TSJCM.
En febrero de 2011, en la Asesoría de CCOO en Ciudad Real, donde Ayala trabajó hasta 2013, arrancó este proceso al atender a un grupo de aspirantes a celadores que se quejaban de múltiples defectos de aquel ejercicio de oposición. «En las bases recogía una regla que limitaba el número de aprobados solo para los aspirantes del turno libre, y no para los de promoción interna; ello permitía dos notas muy distintas para aprobar el examen». De este modo con un 5 aprobaban los aspirantes por el turno de promoción interna, mientras que los aspirantes del turno libre necesitaban casi 8,5 puntos.
En ese momento surgió la primera demanda de este proceso que fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) pero después, en sentencia del Supremo de enero del 2014 declaró que tal diferencia es «un trato discriminatorio, y obliga al Sescam a reconocer como aprobadas a las dos celadoras y repetir solo para ellas la segunda fase del procedimiento selectivo que era el concurso de méritos», añadió la abogada que «luego supo, que ese concurso oposición para celadores era el último de una oferta de empleo múltiple del Sescam del año 2009 y que se celebraron igual otras ofertas también múltiples de los años 2007 y 2008», de tal modo que hasta 51 procedimientos se vieron afectados.
Posteriormente, Ayala, en su despacho privado, solicitó la revisión de oficio de demandantes que habían acudido al conocer el fallo del Supremo. «Fue ahí, con una segunda sentencia de abril del año 2016 dictada a demanda de un enfermero del Hospital de Puertollano cuando se formó este gran alboroto». Ayala recuerda que el Sescam prefirió «tramitar un procedimiento administrativo para corregir ese error cometido hace entre ocho y diez años» a la vista de los varios centenares de sentencias que ha tenido que dictar el Tribunal Superior de Justicia durante este tiempo para admitir a personas que aprobaban la oposición sin la norma en discordia.
1.200 funcionarios. En cifras, con este recorrido judicial, para el proceso de auxiliar administrativo se han concedido 126 plazas de funcionarios más; para celadores, 287; para auxiliar de Enfermería, 355; para Enfermería, 470. En total 1.238 plazas, aproximadamente el 50 por ciento de las plazas que el Sescam convocó originariamente. En 2011 tomaron su plaza los aprobados con las bases sin corregir y en 2019 tomaron posesión los aprobados con la sentencia del Supremo. No ha habido ningún despido, por lo que este proceso judicial ha producido una reducción en el número de interinos en el Sescam y un incremento de los funcionarios. Quedan aún más procedimientos por revisar aún por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por lo que estas cifras, tomadas de la web, podría incrementarse hasta las 1.500.
El proceso judicial, recuerda la abogada, no ha acabado aún ya que existe una parte que no se conoce todavía. «Añadido a esas 1.500 plazas ganadas por otras tantas personas hasta ahora, estamos discutiendo además sobre la nota con la que se consigue la plaza, creemos que debe ser otra nota más baja que la establecida por el Sescam, y por ello al anterior número se le podrían sumar muchos más» Ese conflicto pendiente del que habla la abogada se debe a que el Sescam ha realizado un nuevo procedimiento completo, lo que ha elevado la nota de corte con la que se obtiene plaza. El despacho considera que se debió tomar la nota de corte que hubo en 2011.
«Solo sabemos al día de hoy que la resolución que decidirá si dar las plazas con la nota del año 2011 o con la nota de 2019 no es pacífica en el TSJCM», dijo Ayala, ya que la Sección Segunda compuesta por cuatro magistrados ha empatado en su decisión, y siguiendo los trámites legales ha tenido que convocar la Sala de Discordia con la concurrencia de otros tres Magistrados más de la Sección Primera para adoptar entre los siete la resolución que rompa el primer empate. «Tal decisión se debió adoptar el pasado día 15 de octubre, pero aún no hemos recibido su notificación», indicó.
Ayala recordó que ha habido unas personas que se han comprometido en el proceso judicial y otras que «simplemente se han beneficiado de ese resultado sin cargar con el esfuerzo que les ha costado a los primeros», al llegar a su plaza por el procedimiento administrativo que el Sescam se vio obligado a tramitar en ejecución de las múltiples sentencias recibidas.