Una empresaria de Ciudad Real se enfrenta a la petición de pena de tres años y medio de cárcel por parte del ministerio fiscal, que la considera culpable de un delito de estafa en la que se habrían visto involucradas catorce personas.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos días 20, 21 y 26 de abril a esta empresaria que durante varios años contactó telefónicamente con diversas personas en desempleo a las que les indicaba que su empresa buscaba personas con capacidad de autoempleo, ofreciéndoles formación para abrir sus páginas en Internet de venta de artículos.

Según el escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso este miércoles Efe, poco después la empresaria se ponía en contacto con algunas de esas personas e indicaba que habían sido seleccionadas y que los servicios de formación y puesta en marcha de las páginas ascendía a una cantidad aproximada de 4.990 euros.

Durante esas conversaciones y con ánimo de conseguir captar a clientes se les informaba verbalmente, con anotaciones manuscritas, de que iban a obtener con certeza el reintegro de la cantidad correspondiente al precio que abonasen a su empresa en pago de los servicios ofertados, mediante la obtención de subvenciones en un periodo poco extenso de tiempo y que ella se encargaría de gestionar.

Además, les ofrecía que para el pago del precio podrían suscribir sendos préstamos personales brindándose ella personalmente para acompañarles a la entidad bancaria.

Las páginas web que elaboraba eran meras copias unas de otras e inhábiles para el fin para el que se habían creado y sin que en muchos casos las subvenciones ni ayudas ofertadas se llegaran si quiera a solicitar y sin que ninguna de las tramitadas fuera concedida.

Los hechos, según la fiscalía, son constitutivos de un delito continuado de estafa por el que procede imponer a la acusada las siguientes penas de 3 años y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, a su empresa pide imponerle una de 225.000 euros y prohibición de realizar las actividades de promoción y formación de comercio electrónico por tiempo de tres años, y solicita que se indemnice conjunta y solidariamente a las personas estafadas.