La maldición de las ideas preconcebidas en el mundo de la política hace un notorio daño a la razón. Parece que la adscripción a una ideología o tendencia política obliga a admitir sin debate ciertas generalidades que así eran en 1930, pero que ni siquiera hoy están en los programas de los partidos políticos que supuestamente las tendrían que defender. Ya saben que algunos simplemente apostamos por barajar la razón y los derechos humanos como argumento principal para ponderar cada problema que se presenta, dejando para los apóstoles de las esencias la vigilancia de las cavernas de sus abuelos.
Uno de los ejemplos más claros es el de la consagración de la propiedad privada. Ni siquiera los que somos liberales en lo económico estamos dispuestos a ignorar sus límites y su función social. En estos días se ha vuelto a resucitar la polémica por la cuantía del impuesto de sucesiones a la hora de transmitir mortis causa la vivienda habitual. La injusticia latente no es que haya que pagar más o menos por una casa, sino que en unos sitios haya que soltar mucho dinero, y en otros nada. Digan lo que digan mentes preclaras, la igualdad entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas que marca la Constitución, no es una realidad práctica. Resulta que Madrid tiene suficientes ingresos por otros conceptos y tiene la posibilidad de utilizar este impuesto de sucesiones, para llamar a la inversión patrimonial en su territorio. Los que allí inviertan saben que dejan a sus herederos un inmueble sin esa carga, dado el tipo impositivo manejado. Mientras, en muchos territorios, se utiliza ante la ausencia de fondos por otros conceptos, y se somete a los receptores de inmuebles a un gravamen muy significativo que, para algunas economías domésticas, se transforma en confiscatorio. La solución no creo que pase porque se establezca un tipo de gravamen único, puesto que un mismo tanto por ciento puede ser muchísimo para el jornalero de Écija que quiere recibir las tierras familiares, y nada para el financiero de Pozuelo de Alarcón que herede el dúplex de los papás. Yo creo que lo más relevante, para ser justos, es que nadie tenga que pagar por la casa donde ya vive, sea en Sevilla o en La Moraleja.
Y que, en el otro extremo, se apliquen las necesarias cargas impositivas al que va a recibir inmuebles adicionales para su explotación en arrendamiento, o disfrute absolutamente marginal. La clave está en distinguir la vivienda como residencia y lugar de vida, de los inmuebles como objeto de negocio. Que la primera quedara amparada por el derecho a la vivienda, y los segundos fueran asimilados más, a una especie de ejercicio de la libertad de empresa. 

«La solución no creo que pase porque se establezca un tipo de gravamen único»