Denuncian incumplimientos de empresa de transporte sanitario

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El comité de empresa y los sindicatos USO, CCOO, Uptes y UGT dicen en un comunicado que han denunciado los incumplimientos que afectan a 460 empleados a la Inspección de Trabajo

Ambulancias en el hospital, en una imagen de archivo - Foto: Rueda Villaverde

El Comité de empresa de Digamar Servicios SL, concesionaria del transporte sanitario en la provincia de Ciudad Real, y los sindicatos USO, CCOO, Uptes y UGT denuncian en un comunicado de prensa remitido a este periódico los "reiterados incumplimientos de la  empresa, tanto en materia del convenio colectivo de aplicación, como en la legislacion laboral vigente". Estos incumplimientos "afectan a más de 460  trabajadores/as que ven mermados su poder adquisitivo". 

Respecto a sus contratos, "hemos alzado denuncia en la Inspección de Trabajo encontrándose muchos de ellos en nuestra opinión, en fraude de ley, y manteniendo una tasa muy elevada de contratos temporales en puestos estructurales". 

Del mismo modo, recuerdan que igual que se movilizamos por los incumplimiemtos que afectaban gravemente a las retribuciones, "volvemos a ver cómo Digamar vuelve a no realizar  en  las fechas establecidas los incrementos retributivos pactados y regulados en el convenio colectivo de aplicación, a pesar de los constantes requerimientos por parte de los delegados del comité de empresa".

"La  empresa no ha cumplido con la obligacion de la transformación de la categoría de camillero en ayudante de conductor, incumpliendo tambien el máximo de tiempo y los supuestos en los que estos trabajadores pueden conducir las ambulancias".

El pasado día 8 de septiembre, el comite de empresa, "tras muchos intentos de negociar, e intentar que la empresa cumpla sus obligaciones, ha decidido por unanimidad poner todos estos hechos en conocimiento de las autoridades laborales y judiciales registrando denuncias en la Inspección de Trabajo e iniciando un conflicto colectivo". 

Desde el comité de empresa, en base a la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación de vigilancia por parte de las administraciones, manifiesta no poder entender "la pasividad de la administración, a la vista de la gravedad de todos esos hechos". Por ello, "se va a proceder a dar traslado de todo a la administración correspondiente con objeto de una solución a la mayor brevedad posible".