La Junta de Comunidades habilitó el pasado mes de junio una línea de ayudas dirigida a la atención de las mujeres prostituidas y que ha tenido su impacto principalmente en la provincia de Ciudad Real con 68 mujeres atendidas, de las 235 a las que llegaron estas ayudas aprobadas por la Consejería de Igualdad. Se trata de un apoyo que ha tenido un presupuesto de 326.212 euros gestionado por cinco entidades sociales a lo largo de la región con la finalidad de proporcionar información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral a las mujeres víctimas de explotación sexual; promocionar su autonomía; cubrir las necesidades básicas de subsistencia y contribuir a la detección de posibles casos de víctimas de trata y de explotación sexual. El objetivo es llegar a las 600 en una primera fase con estas ayudas surgidas inicialmente debido a la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus pero que se mantendrán a lo largo del tiempo, según avanzó la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real.
De este modo, Fernández recordó que el coronavirus ha supuesto una crisis sobrevenida y que demostró, durante el confinamiento, que para un proxeneta las mujeres «valen menos que el ganado» porque mientras a los animales se les sigue alimentando, muchas mujeres prostituidas «se encontraron en una situación que no tenían ni agua corriente ni luz ni nada que comer». De hecho, Fernández expuso que «no fueron tratadas como personas, increíble en pleno siglo XXI» por lo que desde la Junta de Comunidades se decidió intervenir ante esta situación.
Por este motivo se pensó en dedicar parte de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género que iba a recibir Castilla-La Mancha para mejorar su situación. Desde la Consejería se recuerda que en la nueva ley regional para una sociedad libre de Violencia de Género del Gobierno de Castilla-La Mancha se equipara la violencia de género y la explotación sexual, adaptando así al ámbito legislativo castellano-manchego el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido como convenio de Estambul. Al contar con cierto margen presupuestario se decidió crear estas ayudas sociales para solucionar, «aunque sea puntualmente, la necesidad más inmediata», indicó Fernández.
A partir de ahí se pensó en diseñar un programa a modo de intervención social y que permitiera «tender la mano», a través de la información y el asesoramiento en distintos ámbitos en el social, laboral y sanitario. Se ha buscado «tejer redes de apoyo» para que las mujeres prostituidas puedan sentir que «si toman la decisión de salir, una decisión muy compleja, la administración le puede echar una mano». Así entran en contacto con estas ayudas asociaciones como In Género en Ciudad Real o Médicos del Mundo en otras partes de la región.
«Vamos a mantener estas ayudas con independencia de que haya o no pandemia», con el objetivo de que llegue un momento en no sea necesaria estas actuaciones, aseveró la también portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page.
La consejera recordó que actuar en materia de mujeres prostituidas implica trabajar en un problema que es «hipercomplejo» en el que debe ser mediante leyes e instrumentos con leyes e instrumentos nacionales como se ataje. Igualmente recordó que se necesitan otros aspectos como la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la implicación de extranjería para intervenir en situaciones como aquellas mujeres a las que les quita el pasaporte. Mientras llega ese momento, desde la Consejería se está «en disposición de continuar en este programa y esas medidas».