Casi la mitad de los ayuntamientos ciudadrealeños continúa sin cumplir con sus proveedores dentro de los límites que establece la normativa, es decir, saldan sus deudas en un plazo medio superior a los 30 días desde que se registran las facturas. Un escenario que repercute de forma negativa en la salud económica de las empresas, especialmente en autónomos y micropymes, a las que los municipios debían más de 17 millones de euros al cierre del primer semestre de 2019, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. En concreto, un total de 18 de los 41 municipios que remitieron información a Hacienda sobre el pago a proveedores durante este periodo incumplía lo establecido en la Ley de Estabilidad de Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impulsada por el Gobierno del PP en 2012 con el objetivo de erradicar la morosidad en el sector público mediante el control periódico de la deuda comercial de las administraciones. Un listado en el que aparecen ayuntamientos de todos los tamaños y comarcas, desde Alcázar de San Juan, Puertollano, Daimiel y La Solana hasta San Carlos del Valle, Arenales de San Gregorio y Llanos del Caudillo. El escenario es algo mejor que hace un año, cuando había más ayuntamientos de la provincia incumplidores (22) que cumplidores (20), pero la deuda con las empresas es prácticamente la misma. En junio de 2018, los municipios ciudadrealeños tenían facturas pendientes de pagar por valor de 17,38 millones de euros y un año después, al término del primer semestre de 2019, la cuantía se sitúa en 17,33 millones, apenas 55.000 euros menos. Alcázar de San Juan y Puertollano acumulan más de la mitad de esa deuda, con un total de 10,6 millones entre las dos localidades. En el lado opuesto, sin ninguna factura pendiente, se encuentra Pozuelo de Calatrava. A pesar de que la situación ha mejorado notablemente desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, subraya que «todavía queda bastante por mejorar» y que la inestabilidad política instalada a nivel nacional «no está ayudando». Apunta, en este sentido, que el bloqueo de la financiación autonómica y de las entidades locales (al que dio solución el Gobierno en funciones hace unos días mediante un Real Decreto-ley) repercute directamente en el pago a las empresas. «Es la pescadilla que se muerde la cola», apostilla. Marín sostiene que el pago a proveedores era «un auténtico caos» antes de la aprobación de la conocida como ‘Ley Montero’ y aunque reconoce el «esfuerzo» que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos para que no aumente la morosidad, remarca que «hay otros que siguen haciendo trampas». «Siguen guardando facturas en los cajones o les piden a las empresas que facturen en una determinada fecha para que puedan cumplir con el plazo medio», asegura el presidente de Fecir para añadir que, a pesar de ello, «los pagos de la administración pública se van retrasando».