La posibilidad de que la instrucción de los procedimientos penales se asigne al fiscal, contemplada en último anteproyecto de Ley Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Consejo de Ministros a últimos de 2020, parece que deja de ser una aspiración remota y los movimientos para hacerla realidad son cada vez más acusados. El último paso es el dado por la Fiscalía Europea, que desde hace unos meses persigue delitos contra los intereses financieros de la UE y que encomienda a los fiscales la persecución de estos delitos, también en España, algo que supone una auténtica «revolución» para el ordenamiento procesal español.

Los fiscales de Ciudad Real consultados por este diario defienden el modelo de fiscal en la investigación, dirigir la instrucción en lugar de los jueces como ocurre en la jurisdicción de menores.

En el polo opuesto se encuentran los jueces que prefieren no pronunciarse al respecto.

No obstante, aunque haya vuelto a la actualidad de la mano de la fiscal europea tras su declaración de que se ha abierto el camino del fiscal instructor en España, no hay nada nuevo respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Hay un anteproyecto varado desde hace años y, todo indica, que hay poco interés por parte de los legisladores de aprobar el texto.

Los fiscales son conscientes de que la reforma suponen una transformación completa del orden penal en Justicia y, sobre todo, un reto muy importante para la institución de la Fiscalía. Todos coinciden en que ha llegar acompañada de medios. En este sentido, el fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, preguntado por este diario ya recalcó que la reforma requiere de más fiscales y funcionarios. Además, «supone un cambio de mentalidad, al pasar de un fiscal que acompaña y, en cierta forma, controla la actividad instructora del juez, a ser él quien instruya las causas penales».

En cualquier caso, las últimas manifestaciones de la fiscal europea han sido bien recibidas, si bien es cierto que sólo hay una reforma. Para el jefe de la Fiscalía de Ciudad Real, como para otros fiscales, el nuevo modelo supondría una mayor garantía para el investigado.

 Desde la Abogacía muestran cautela y cierta preocupación por «la falta de regulación específica del derecho de defensa».