60 maltratadores tienen un dispositivo telemático

Hilario L. Muñoz
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La Fiscalía pide a los fiscales especializados que se pidan dispositivos telemáticos cuando el riesgo para la víctima sea como mínimo 'medio de especial relevancia'

60 maltratadores tienen un dispositivo telemático

La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, solicitó ayer a los fiscales especializados que pidan la instalación de dispositivos telemáticos, cuando no se solicite la prisión provisional, en casos de violencia de género que supongan situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia dentro del sistema de valorización del riesgo de Viogen.

En la provincia de Ciudad Real  hay 60 hombres que cuentan ya con estos dispositivos telemáticos y que se integran en el llamado sistema 'Cometa'. Se trata de una pulsera que permite constatar que no se saltan las medidas y condenas de alejamiento impuestas respecto a las víctimas. El dato no ha parado de crecer y de hecho hace un año había medio centenar de estos dispositivos en la provincia de Ciudad Real, donde, con fecha de ayer, ya que se trata de un dato que cambia con el tiempo, había 846 casos activos en el sistema de evaluación del riesgo Viogen, y son 836 los maltratadores que se encuentran dentro del sistema. De estos casos, 11 están calificados como de riesgo alto y hay 30 más en riesgo medio, siendo 16 los que se consideran de especial relevancia.

Atendiendo a la demanda planteada ayer por la fiscal Peramato, en la provincia hay 27 casos en los que se debería solicitar un dispositivo telemático, si no cuentan ya con él. Hay que tener en cuenta que el protocolo de Viogen marca como riesgo extremo una vigilancia permanente de la víctima, en alto la vigilancia es frecuente y se insta a un cambio de domicilio y en medio se pide ciertas medidas de seguridad en el hogar de la víctima y hay un acompañamiento ante cualquier asunto judicial.

En el escrito de la fiscal de sala se insta además a que los fiscales soliciten  medidas cautelares con el objetivo de reducir el riesgo para las mujeres, aun cuando las víctimas no las reclamen. Se recuerda que seis de las víctimas del mes de diciembre habían denunciado, así como el 42 por ciento de las mujeres asesinadas el pasado año.

En Ciudad Real, según datos del Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía había instado la petición de medidas de protección a las víctimas en un porcentaje mayor que se ha hecho en España. De hecho, en los últimos años, una de cada diez medidas de protección se han incoado a instancias de los fiscales en la provincia, cuando en la media del Estado el dato es de entre el 5 y el 6 por ciento, una de cada veinte. En 2022, en cada trimestre, la Fiscalía ha solicitado una decena de medidas, y salvo en el último para el que existen datos actualizados, el tercero, entre julio y septiembre, en el que creció el número de víctimas que han pedido protección en los juzgados, los datos siempre se han situado en ese 10 por ciento.

Familia y amigos.

La jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, Carmen Pimienta, explicó a La Tribuna que las administraciones deben «seguir mejorando procedimientos, firmando protocolos, diseñando campañas para concienciar a la sociedad, invirtiendo en recursos, y formando a las y los profesionales de todas las administraciones para la atención y detección precoz» ante la violencia de género. Se trata de recursos a lo que hay añadir «una cuestión que es responsabilidad que le corresponde ejercer a la familia, a las amigas y a los  amigos, a las personas del entorno», ya que «tienen que informar a la policía o a la guardia civil de cualquier sospecha que tengan».

En el caso de Belén, la primera víctima de la violencia machista del año, no había denuncias previas, tal y como se ha recogido por el juzgado número 5, que ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Eduardo, aunque si se le imputan, de forma provisional, tres delitos de maltrato, un delito leve de coacciones y otro delito más de maltrato habitual.

La jefa de la unidad recordó que el entorno «tiene que informar porque están contribuyendo con su silencio a que el maltratador, el agresor, el delincuente continúe cometiendo el delito devastador sobre su víctima» y es que explicó «el silencio es cómplice del agresor, no ayuda a la víctima».