El texto de la proposición de ley para crear una reserva estratégica de material sanitario en la región ha salido de la comisión de sanidad con un amago de acuerdo. Y es que, si bien no ha habido una coincidencia total entre los grupos, la abstención del PP en la parte del articulado que no afecta a sus enmiendas, apunta la posibilidad de que esta ley pueda ver la luz por unanimidad en el pleno. Un éxito visto el nivel de bronca que mantienen 'populares' y socialistas en las Cortes regionales desde finales de marzo.
Cabe recordar que esta proposicion de ley pretende crear una reserva regional de material básico de protección en los centros sanitarios y sociosanitarios, con la que cubrir al menos 30 días en caso de necesidad. ¿El objetivo? Evitar que vuelvan a repetirse escenas como las vividas al inicio de la pandemia, donde las existencias de mascarillas, guantes y batas volaron en cuestión de días.
Pero volviendo a la comisión de sanidad de este lunes, PSOE y Ciudadanos han dado luz verde a dos de las 37 enmiendas populares presentadas a este texto, destacando entre ellas la inclusión en el articulado de un reconocimiento de todas aquellas empresas, particulares y organizaciones que donaron desinteresadamente material de protección a los sanitarios en los peores momentos de la primera ola del Covid, allá por los meses de marzo y abril.
No obstante, el PP no ha tenido la misma suerte con las otras 33 enmiendas en juego (previamente había retirado dos), que se mantendrán vivas hasta el día del pleno. Entre ellas, destaca sobre el resto sus reticencias a la creación de una corporación púbica para gestionar esta reserva sanitaria. Tal y como apunta el ‘popular’ Juan Antonio Moreno Moya, "se trata de un órgano nuevo que es innecesario, puesto que la ley de contratos del sector público ya habilita a la Junta para realizar las contrataciones necesarias”.
De nada ha valido aquí la insistencia tanto de Ciudadanos como del PSOE de que esta corporación es la mejor manera de gestionar este tipo de reservas, y que cuenta con los parabienes del Gabinete Jurídico de la Junta y de los letrados de las Cortes. Como insiste el PP, estos informes no han sido adjuntados “a la documentación que se nos ha remitido”.
Tampoco ha conseguido convencer el PP de la necesidad de incluir a los centros educativos en esta reserva. Como se le ha insistido desde Ciudadanos, “a más pandemia, menos centros educativos abiertos”, por lo que no sería necesario que estos contaran con este stock de material de emergencia.
Con todo, no parece que la sangre vaya a llegar al río. O lo que es lo mismo, que el PP decida finalmente desmarcase de un posible acuerdo unánime en torno un asunto estratégico como es la creación de esta reserva sanitaria. Máxime cuando, como recuerda Moreno Moya, “esta reserva fue una de las propuestas de Paco Núñez que el PSOE calificó como ocurrencias y que hoy las hacen suyas y las quieren poner en marcha con rango de ley”
No hay que perder de vista que el texto que actualmente se tramita en las Cortes regionales nace del acuerdo para la recuperación firmado en junio entre Ciudadanos, el PSOE y la Junta de Comunidades y que la redacción de esta proposición de ley fue presentada de forma conjunta por ambos grupos parlamentarios, que han sacado adelante la siete enmiendas presentadas en común.
Donde no ha habido acuerdo entre los ‘socios’ es en torno a las dos enmiendas presentadas por el PSOE en solitario, relativas al establecimiento de un registro para el seguimiento y vigilancia epidemiológica de la Covid-19 que habilitaría la puesta en marcha de la aplicación (app) de ‘Ocio nocturno’ y a un régimen sancionador para quienes incumplan las medidas de confinamiento.
Como se advierte desde la formación naranja, estas enmiendas se han incluido sin con contar con ellos y “exceden” el ámbito de una ley que busca crear una reserva estratégica de material sanitario. Además, a juicio del diputado David Muñoz, en buena medida criminalizan a un sector como el hostelero, uno de los más afectados por esta crisis. Es por ello que ha solicitado “atemperar” tanto el régimen sancionador como el registro, reclamando que solo sea necesario incluir nombre, apellidos y número de teléfono, sin DNI.
Desde el PSOE se ha insistido en que esta inclusión es fruto de la necesidad de sacar cuanto antes estas medidas (el registro de usuarios de establecimientos de ocio fue anunciado en agosto), dado que en la comunidad no existe la posibilidad de aprobar Decretos Ley, que agilizarían este tipo de decisiones. Con todo, la portavoz socialista, Ana Isabel Abengozar, insiste en que este registro no señala a nadie (también se realizará en actividades culturales como teatros o conciertos) y se guardará rigurosamente la normativa de protección de datos vigente.
A pesar de que ambas enmiendas han salido adelante sin el apoyo de Ciudadanos, fuentes de la formación naranja han informado a Efe de que queda abierta la posibilidad de que los tres grupos estudien las transacciones de Cs y, si hay consenso, se puedan incluir en el texto final de la Ley que se vote en el pleno de las Cortes.