El único cambio que ha habido en el Gobierno regional en la legislatura del coronavirus tiene su nombre:Bárbara García Torijano. No tenía ni los 30 cumplidos cuando dio el salto a la política como concejala, entonces en la oposición, en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey en Guadalajara.  Cinco años después ya era la alcaldesa, cargo que ocupó hasta que en abril de 2021 Page la llamó para llevar la Consejería de Bienestar Social. «Esto es un cambio, pero un cambio en la misma línea», dijo nada más tomar posesión del cargo. Lo que sí va cambiando es el virus que copa buena parte de su gestión. Desde que tomó la cartera de Bienestar Social no ha pasado un año completo, pero ya le ha tocado gestionar las 'olas de las variantes', la delta y la ómicron. 

¿Cuál es la evolución de la sexta ola en las residencias en estos momentos?

Sabemos que la sexta ola ha sido muy contagiosa desde que comenzó a finales de año, también muy causada por el movimiento que hubo durante el puente de diciembre. Nos movimos mucho y de ahí surgieron muchísimos brotes. Hemos visto cómo escalonadamente, semana tras semana empezaban a aumentar. A día de hoy tenemos aproximadamente unos 1.800 residentes con contagio positivo. Hemos alcanzado niveles muy altos en contagio, pero gracias a la vacuna  y la dosis de refuerzo hemos visto cómo casi todos los residentes que han sido positivos, suelen ser asintomáticos o con afectación muy leve, más allá de los que tienen patologías que sí que han necesitado a lo mejor ingreso o que haya podido haber fallecimientos.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el primer momento empezamos a tomar medidas, puesto que hemos hecho un seguimiento muy continuo cada día de los casos que ha ido habiendo en cada centro. Empezamos a ver ese pequeño aumento y no queríamos que pudiese ir a mucho más o controlarlo lo máximo posible. Tomamos la decisión de sacar una resolución primera en la que se limitaron las visitas y después la segunda resolución donde también se limitaron las salidas. Lo de las salidas se puso el 10 de enero, un poco para que salvásemos la Navidad, pues también está esa salud emocional que hay que cuidar y necesitaban poder pasar esas fechas con sus familiares. 

Estas restricciones en residencias se revisan cada quince días, ¿qué datos o situación tendría que haber para que las quiten en la próxima reunión de seguimiento?

Principalmente tener controlada la situación a nivel general, no solo los centros residenciales, que está bastante controlado a pesar del número de contagios. Tenemos esperanzas de que en las próximas semanas vayamos mejorando esos datos. En medida que se vayan mejorando, y en conjunto con Sanidad, se tomará la decisión de flexibilizar esas medidas de salidas y visitas poco a poco y viendo la manera de volver a la normalidad. A día de hoy se puede visitar a los mayores un día a la semana de forma controlada. Ese contacto tiene que ir aumentando en proporción a que vayan disminuyendo los contagios. 

En el último pleno de las Cortes, los partidos de la oposición fueron muy críticos con estas limitaciones, pues los mayores han tenido estas restricciones mientras que el resto de la población tenía libertad de hacer lo que quisiera ¿cómo se justifica?

Es fácil de justificar. El Gobierno es responsable de proteger principalmente a las personas más vulnerables. Esta sexta ola no ha tenido tanta incidencia en la salud, pero sí la puede tener en las personas que tienen patologías añadidas o que son de edades muy avanzadas. Ninguna decisión es fácil, pero hay que tomarlas porque no tomarlas conlleva consecuencias. 

En este caso son decisiones muy estudiadas, trabajadas no solamente con la autoridad sanitaria competente, sino también con los propios centros residenciales y profesionales. Los mayores están seguros en las residencias, pero el virus entra en cualquier casa, lo hemos visto en nuestros propios hogares. No es lo mimo que el virus entre en una casa de una familia de un padre, una madre y dos hijos, a que entre en una casa donde la familia son 120 personas con una media de edad entre los setenta y cinco a los noventa años. 

Es cierto que la oposición ha criticado mucho estas medidas. Cuando uno no tiene responsabilidad de gobierno igual se puede permitir el lujo de poder decir esas cosas. En este caso se ha hecho por un período de tiempo concreto. Al final los resultados nos dirán que han sido efectivas. Ya nos lo empiezan a decir. Son medidas siempre acompasadas con los centros residenciales y siempre teniendo en cuenta que nuestros mayores están acompañados, no están solos, tenemos las nuevas tecnologías para que puedan ver más a los familiares y que no se los encierra, pueden ir a visitarles.

A la sociedad le dolió lo que ocurrió en la primera ola en las residencias. Aparte de lo que tenemos ahora de vacunas, mascarillas, tests y conocimientos, ¿qué cree que se tendría que haber cambiado para afrontar una pandemia?

La experiencia te pone en situaciones diferentes y te hace tomar decisiones más contundentes, con más firmeza, con más convencimiento de que vayan a funcionar. Al principio no había esa experiencia. Ver las cosas a toro pasado nos dice que se podría haber actuado así o asá, pero no me cabe ninguna duda de que todos los responsables que tuvieron que gestionar la pandemia, desde los centros a los organismos pusieron encima de la mesa todas las posibilidades que había para poder reducir los contagios.

Castilla-La Mancha es una región que tiene una gran red de residencias. La pandemia se cebó donde más podía cebarse, que eran nuestros mayores. Lo que hay que hacer es aprender de cada escenario y cada situación que la pandemia nos ha ido poniendo. ¿Qué se podía haber hecho entonces que no se hizo? Eso puede ser muy subjetivo; se podían haber tomado otras medidas y no sabríamos si hubiesen funcionado o no. Lo que sí sabemos es que lo que se hizo, fue con el convencimiento de intentar proteger a nuestros mayores y que en todo momento se puso a disposición de todas las personas mayores de los centros residenciales la atención sanitaria, que era lo más importante. A ningún mayor se le negó esa atención sanitaria. 

Acaba de presentar una actualización de la norma que determina las condiciones básicas de una residencia. ¿En qué lo van a notar nuestros mayores?

Hemos aprobado un decreto que se venía trabajando desde hace tiempo. Sí que es cierto que la pandemia te hace ver otras realidades que hasta el momento no conocíamos, pero eso no quiere decir que sea el motivo de hacer esa modificación. Este decreto modifica la ratio de los profesionales, dejando en un profesional cada cinco residentes, antes estaba en uno cada seis. En Castilla-La Mancha los centros residenciales públicos y también me consta –porque hemos hecho un estudio– que la inmensa mayoría de los privados cumplen ya esta ratio que ahora se ha modificado. Otra de la características principales es la estructura  de los centros residenciales. Queremos ir a un modelo más avanzado, donde se definen más las unidades de convivencia. Esto es algo que sí nos ha enseñado la pandemia: trabajar en residencias sectorizadas con unidades convivenciales nos facilita el trabajo ante contagios y mejora la calidad de asistencia. 

Es cierto que tenemos muchos centros residenciales que ya tienen muchos años y que no pueden adaptarse por su estructura al decreto de una forma directa, pero sí de una manera transitoria. Todas las nuevas obras que se hagan en estos centros tienen que adaptarse a estas condiciones básicas. Y para los nuevos centros son obligatorias.

Desde asociaciones de residencias como Acescam o Artecam demandan más financiación por plaza concertada para poder cumplir estas condiciones ¿es viable aumentarlo?

Este decreto se ha trabajado muchísimo con las patronales, ha pasado por todos los procesos  participativos y se han incorporado bastantes propuestas que nos han hecho. Lo que reclaman es mayor financiación en la plaza pública que se presta en sus centros privados. En ese sentido hemos trabajado también en la orden del concierto social de mayores, donde ya hay una modificación del precio, que va a suponer más de nueve millones de euros. Es una financiación que puede resultarles o no quizá insuficiente, pero es importante porque recuperamos precios que en su día el PP recortó. Entendemos que tiene que ir en la senda de recuperación para ir de una forma progresiva aumentando esa cuantía. Hay un aumento de plazas públicas y de presupuesto en esta orden respecto a años anteriores. Saldrá en este mes de febrero–marzo y estamos esperando a que se ponga en marcha lo antes posible para que estos precios puedan estar modificados y las residencias puedan tener ese incremento presupuestario. 

Habla de ir aumentando ese precio progresivamente ¿cuánto habría que esperar para el siguiente aumento?

Este decreto deja abierto que a principios de trimestre de cada año pueda haber variación en las plazas y también en la financiación, dependendiendo de la situación económica en la que se pueda estar. La orden del concierto social genera estabilidad porque da posibilidad de tener plazas cuatro años, prorrogables hasta diez, pero da la posibilidad de  flexibilización de plazas porque puede haber zonas, residencias donde no haya lista de espera o que una empresa quiera tener menos plazas públicas porque no las llena. No es hermético y no cierra la posibilidad de hacer variaciones, tanto presupuestariamente como de número de plazas. 

Ha habido protestas por el servicio de ayuda a domicilio ¿es también un problema de dinero?

La Junta suscribe con los ayuntamientos más de 680 convenios, con una financiación de la comunidad autónoma de un 76% del presupuesto frente al 24% de los ayuntamientos. Desde el Gobierno destinamos 48 millones. Los convenios vienen funcionando por horas, pero luego cada ayuntamiento decide cómo gestionarlo, bien directamente a través de sus empleados municipales o a través de empresas. En Ciudad Real ha habido alguna huelga con respecto a una empresa o varias empresas porque no tienen convenio colectivo. Como Junta nosotros defendemos que tienen que sentarse sindicatos y patronal a negociar. Pasa a formar parte de una negociación en la que el Gobierno regional no entra. En líneas generales no está habiendo problemas, más allá de en Ciudad Real. Confío y doy por supuesto que la patronal se sentará y negociará. 

El pasado miércoles se reunió con el secretario de Estado de Derechos Sociales y concretaron dos proyectos de inclusión y accesibilidad. ¿En qué consistirán?

El de Inclusión Laboral es un proyecto piloto que desde el Ministerio ha encomendado a Castilla-La Mancha. Se va a hacer un acompañamiento de inclusión sociolaboral a las personas perceptoras del ingreso mínimo vital. Lo que se trata es de canalizarlos hacia un mundo de oportunidades laborales, que puedan engancharse a la economía y al empleo y, por tanto, desarrollar su proyecto de vida sin necesidad del apoyo del Estado. Se van a destinar nueve millones de euros y puede ayudar a mil perceptores. Este proyecto lo queremos gestionar muy de la mano de la Consejería de Empleo, se va a coordinar mucho con las oficinas de empleo y se va a hacer en diferentes zonas de la región donde se haga la valoración de más perceptores de IMV. 

El otro proyecto es de accesibilidad y va a dar la posibilidad de que las personas dependientes y mayores puedan mejorar la accesibilidad de sus entornos, con financiación de los fondos europeos. También hemos puesto en funcionamiento una convocatoria para los ayuntamientos de zonas más despobladas, de menos de 1.000 habitantes.

¿Para qué se va a utilizar el dinero de Europa en su Consejería?

De los 125 millones que han llegado a la Consejería, añadiendo aparte los 9 millones del proyecto de inclusión y 1,2 de accesibilidad, los vamos a destinar en una gran parte a inversiones a centros residenciales para personas mayores, infancia y personas con discapacidad en un modelo vanguardista. Van a ser 67,9 millones de euros tanto en centros que tenemos ya funcionando, como nuevos centros, algunos con proyección al mundo rural y las zonas más despobladas. Queremos hacer residencias con colaboración público–privada en zonas rurales.

También en discapacidad vamos a poner en marcha recursos importantes en unidades convivenciales, viviendas para personas con discapacidad, alejándonos del centro residencial, que evidentemente van a seguir estando porque también son necesarios, pero buscando un modelo más destinado a viviendas para que las personas con discapacidad puedan tener una vida más autónoma en entornos más normalizados. Se van a hacer varios centros de estas características. 

Otro proyecto piloto va a ser el de dar comida en casa, para los mayores en zonas más despobladas. Se va a hacer con las diputaciones provinciales. Lo que vamos a hacer desde la Consejería es impulsarlo  con fondos europeas y que las diputaciones puedan desarrollarlo a futuro en años posteriores.

Al secretario de Estado también le pidió más equilibrio para cofinanciar la Dependencia ¿qué respuesta le ha dado?

El secretario de Estado nos informó de que sí se va a seguir avanzando esa corresponsabilidad para 2022, pero no nos pudo informar en qué cantidad presupuestaria. Sí pusimos en valor la importancia de que se haga ese avance económico por parte del Estado, puesto que las comunidades invertimos un dinero importante. En Castilla-La Mancha son más de 438 millones. Con el Plan de Choque a nivel nacional se nos pedía a todas las comunidades que teníamos que cumplir unos hitos. Uno de ellos era reducir  las listas de espera un 24% y Castilla-La Mancha lo ha hecho un 39%, muy por encima del 16% que se ha conseguido a nivel nacional. Estamos muy satisfechos de haber podido hacer los deberes, demostrando la importancia que tiene esa reivindicación que hacemos de invertir más en Dependencia por parte del Estado.  Desde el Ministerio nos dijeron que están haciendo un esfuerzo y van a continuar con ello.