La Delegación del Gobierno  ha creado la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, un grupo de trabajo presidido por el titular de la institución, Francisco Tierraseca, con el objetivo de analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellano-manchego, planificar actuaciones de choque, realizar seguimiento de su evolución y en el que estarán integrados de forma permanente miembros de la propia Delegación del Gobierno de las Subdelegaciones y mandos tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. De forma puntual serán incorporadas otras administraciones, organismos e instituciones «con el fin de ejecutar acciones coordinadas sobre el terreno», según explicó el delegado del Gobierno.

Tierraseca detalló que el problema de las ocupaciones ilegales «tiene una incidencia desigual» en Castilla-La Mancha y subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «siempre han estado combatiéndolo e intentando atajarlo, especialmente en todos aquellos casos en los que la ocupación lleva aparejada una actividad delictiva». «Eso no es novedad, pero sí lo es el hecho de que por primera vez se cree un órgano de estas características en el seno de la Delegación del Gobierno, por lo que agradezco la enorme implicación de Policía y Guardia Civil».

En la primera reunión se analizó en profundidad el contenido de las instrucciones publicadas recientemente tanto por parte de la Fiscalía  como por parte del Ministerio del Interior, «mecanismos que nos permiten avanzar decisivamente en la unificación de criterios policiales y que nos dotan de una mayor agilidad y mejor respuesta ante los casos de ocupaciones», añadió  Tierraseca. En ese sentido, destacó como una de las cuestiones principales  que recoge la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que, ante los allanamientos de morada, «Policía Nacional y Guardia Civil podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas».