Comisiones Obreras ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM)contra el decreto sobre los derechos de los consumidores en estaciones de suministro de carburantes, promulgado recientemente por el Gobierno regional. según el sindicato abre paso a las gasolineras sin personal en la región.
Este recurso se suma a los anunciados por otras entidades. Por razones similares a las de CCOO se espera el de la organización de discapacitados Cermi, el sindicato UGT y la organización de consumidores Facua. Por motivos contrarios, en defensa del autoservicio en los surtidores, también han expresado sus intenciones de recurrir las Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.
En una nota de prensa, CCOO informó que ha anunciado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM la interposición de un recurso contra el decreto 280/2019, de 23 de diciembre, «de los Derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha».
CCOO-Industria de Castilla-La Mancha considera«que esta norma, pese a su título, no garantiza los derechos de las personas consumidoras, no cumple con la accesibilidad a este servicio público que deben tener las personas con discapacidad, no garantiza la seguridad de las instalaciones, destruye empleo y fomenta la despoblación».
Según el secretario regional de CCOO-Industria, Ángel León, el decreto «abre el paso a un modelo contrario a los valores e intereses que defiende CCOO, que propugna un desarrollo económico, social y laboral basado en las personas y en el empleo como pilar fundamental para la creación y distribución de la riqueza».Y advirtió que «por el contrario, el decreto pone en riesgo más de 2.700 empleos en la región al sustituir personas trabajadoras por sistemas automatizados de suministro de combustible».
Esta sustitución «solo servirá para mejorar los márgenes de las grandes distribuidoras y para el negocio de las multinacionales propietarias de estas instalaciones; que las establecerán allí donde se les permita para su propio y exclusivo beneficio, con un impacto social y laboral desolador», aseveró León.