La pandemia del coronavirus ha reavivado otra epidemia silenciosa, oculta frecuentemente por el estigma social y desconocida incluso por los propios pacientes como son los problemas de salud mental. Algunas cifras son esclarecedoras: la Organización Mundial de la Salud concluye que el 25% de la población sufrirá alguna de estas patologías a lo largo de su vida, que en la actualidad suponen el 12,5% de los problemas de salud en el mundo, más que el cáncer.

En España, el 6,7% de los habitantes padece de ansiedad, otros tantos sufren depresión y entre el 2,5 y el 3% de la población adulta (más de un millón de personas) carga con un trastorno mental grave. La situación es peor aún entre los jóvenes: dos de cada diez adolescentes de nuestro país padece problemas de salud mental (el porcentaje más alto de Europa) y el suicidio ya es la primera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años por delante de los accidentes de tráfico. Se trata de un cuadro clínico cuyo tratamiento arrastra desde hace décadas carencias estructurales que han dejado sin tratamiento médico a más de la mitad de los enfermos y que ha trasladado a cuidadores privados (familia y amigos) la atención a estas personas en el 88% de los casos. 

Las causas de esta dura realidad son múltiples y confluyentes y tienen que ver con la falta de medios, la resistencia de los pacientes y las familias a aceptar la enfermedad por el estigma social, la a veces inadecuada respuesta de los profesionales sanitarios y una desidia culpable por parte de las administraciones sanitarias. España lleva ocho años sin actualizar su estrategia de salud mental cuya vigencia se remonta a 2013 y el ratio de profesionales públicos dedicados a este tema es miserable en comparación con los europeos: 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes (18 de media en Europa) y 9,69 psiquiatras. 

Las administraciones por fin parecen haber comprendido la magnitud del problema y prometen planes específicos. Aunque apenas concretó algunas medidas como un teléfono de atención de las 24 horas para personas con intenciones suicidas, el presidente del Gobierno anunció hace pocas horas una nueva estrategia de salud mental con una dotación de cien millones de euros. Aún no se conocen los detalles, pero sería deseable una aprobación urgente y que su elaboración esté basada en criterios puramente sanitarios, aunque tenga en cuenta otros aspectos sociales, pero que obvie prejuicios o enfoques ideológicos tan recurrentes en una parte del Ejecutivo. 

La estrategia debe dotarse también de suficientes plazas de profesionales públicos y de una adecuada dotación económica para desarrollarla porque, también con cierta frecuencia, los Gobiernos tienden a adquirir compromisos que posteriormente pagan (y asfixian) a las comunidades autónomas.