La Comisión Europea es un punto al que se dirigen las miradas en la crisis institucional que se ha desatado en el poder judicial, con su derivada en el Tribunal Constitucional y su renovación. Cada una de las partes, Gobierno y oposición, sin embargo, toman de las declaraciones de las fuentes oficiales y oficiosas aquellas que más convienen a sus intereses.  

Tras la decisión del TC de conceder las medidas cautelarísimas del recurso PP para que no se votaran las enmiendas que reformaban las leyes orgánicas del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) que permitirían la renovación de cuatro magistrados con el mandato caducado, paralizado por el órgano de gobierno de los jueces, desde el partido conservador se ha puesto el énfasis en que Bruselas habría avalado su posición por cuanto sus portavoces se han mostrado favorables a que reformas de tanto calado se realicen mediante la consulta a los órganos competentes y se eviten las prisas.   

La Comisión Europea está al tanto y sigue de cerca las peripecias y maniobras en torno al CGPJ, que lleva ya cuatro años sin que se proceda a su renovación, y  aunque se mantenga vigilante para que en España no ocurra lo mismo que en Polonia y Hungría, se cuida mucho de establecer la comparación entre ambas situaciones, aunque el PP no renuncia a realizarlas. A pesar de las presiones del lobby conservador en Bruselas para que la Comisión tome cartas en el asunto y de que se pretenda trasladar la imagen de que la mayor preocupación en las instituciones europeas es la fórmula de elección de los vocales del poder judicial, su verdadera inquietud es que se acometa la renovación del órgano de gobierno de los jueces.  

Tampoco están por la labor de realizar labores de mediación entre instituciones en un país que es considerado una democracia plena y en este caso hasta el mandato constitucional que una de las partes está incumpliendo. Eso es a lo que animan y aconsejan, a que las dos partes lleguen a pactos, que por ahora se revelan imposibles, porque cada vez son más y más variadas las excusas que han puesto sobre la mesa desde el mundo político y judicial conservador con el fin de despolitizar la justicia, cuando no dejan de practicar un uso político del juego de mayorías en los órganos judiciales que les favorece. Es decir, que el PP solo toma en consideración de las indicaciones procedentes de Bruselas, aquello que le favorece, el varapalo al Gobierno en el TC, pero rechaza hacerlo con el resto de recomendaciones.

"Hemos recomendado a España que proceda a la renovación con carácter prioritario para iniciar inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta normas europeas" ha dicho el comisario europeo de justicia, Didier Reynders. Pero mientras que el Gobierno tiene claro que se ha de seguir con el mismo procedimiento de elección de los vocales del CGPJ, el líder del PP, ha hablado de distintas gradaciones de la participación de los jueces en la elección de sus pares. En lo que Bruselas ha dado la razón al Gobierno es en la designación de un exministro para ocupar una de las plazas de magistrado del TC, como ocurre en otros países, pero mantiene la línea roja sobre un cambio de mayorías para la elección de los vocales del CGPJ como intentó el Gobierno, y reclama Unidas Podemos.