La Audiencia y la Asociación Profesional de la Magistratura en la provincia se refirieron a los comunicados hechos públicos desde el Consejo General del Poder Judicial y desde la organización en el ámbito nacional para denunciar las declaraciones hechas por el Ministerio de Igualdad tras las resoluciones de reducción de penas por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. «Las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión», indica en un comunicado la organización. «Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección», dice el CGPJ.

Se trata de unas revisiones que siguen sin producirse en la provincia, explicó la jueza Pilar Astray, presidenta en Castilla-La Mancha de la Asociación Profesional, quien apuntó que tanto su organización como el Consejo entienden que «las descalificaciones mediante insultos son intolerables», porque «las resoluciones rebaten con argumentos jurídicos». «Si una resolución está argumentada con derecho, se puede combatir en derecho», señaló de forma gráfica Astray. Por esto  cree que «acudir al insulto no es ningún argumento».

Marco legal.

Además, la jueza recordó que la carrera judicial está compuesta mayoritariamente por mujeres y se trata de personas que trabajan en unas condiciones, «a veces, de carencia de medios personales para abarcar el volumen de asuntos que tienen asignados». Por este motivo, declaraciones como las de la ministra en las que habla de jueces machistas son «dolorosas» y «en alguna medida decepcionantes». Como ejemplo recordó que ella lleva 30 años de ejercicio y en este tiempo se ha trabajado en la protección de las víctimas de la violencia de género, incluso cuando no había una legislación específica. «Intentamos tutelar a las víctimas desde el principio y estas interpretaciones no se perciben como justas», porque al fin y al cabo, los legisladores deben «trabajar en el marco legal que dan los legisladores».