El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de protagonizar otro paso adelante en su avance por dinamitar el marco de consenso y libertades que nos dimos los españoles hace cuarenta años. No otra cosa es la ley de Educación que ya ha superado el trámite del Congreso y, sin grandes contratiempos, hará lo propio en el Senado para finalmente ser aprobada por los partidos de la coalición Frankentestein, en la que se integran los principales enemigos de nuestra nación.
La llamada ‘ley Celaá’, en homenaje o quizás en ‘vergonzoso señalamiento’ de la impulsora de este artefacto, incurre en una serie de enormes disparates que afectarán dramáticamente al menos a toda una generación, ahora en su fase definitiva en su crecimiento intelectual y personal . La nueva norma ha sido elaborada como pura moneda de cambio entre Sánchez y sus apoyos políticos.
Podemos, por un lado, socio comunista en el Ejecutivo, ha impuesto la persecución de la escuela concertada y los centros especiales, así como algunas directrices sobre la presencia de la Religión en los planes de estudio. El otro guiño, o acercamiento, es a los independentistas, con el destierro definitivo del castellano de las aulas catalanas (y las que vengan), en una iniciativa tan desmesurada que carece de parangón en democracia occidental alguna. El español deja de ser la lengua vehicular en los centros de enseñanza, es decir, queda desterrado a su mero uso en el ámbito familiar. Ni siquiera en los patios de recreo, donde profesores y maestros son instruidos para obligar a los alumnos a expresarse en la lengua regional correspondiente. Es la consagración de la inmersión, el exterminio social de la lengua de todos los españoles. Tal cual.
Ocho leyes de educación ha conocido nuestro país desde el retorno a la democracia. Dos de ellas, tan sólo, fueron impulsadas por el PP. Esta de Celaá es, sin duda, la más dañina y perjudicial pero no sólo para la formación de las generaciones venideras, que resultará desastrosa, sino también para el desarrollo de nuestra convivencia, ya algo maltrecha y, sin duda, definitivamente demolida a la vuelta de muy poco tiempo. Una ley intervencionista y dirigista que conduce inevitablemente a un escenario de inquietud y hasta de desastre. Lamentablemente, parece que ya no hay marcha atrás. En esto y en casi todo lo demás.