El informe pericial de los forenses en el ámbito penal es una prueba esencial y relevante en la inmensa mayoría de la resolución de litigios en juzgados y tribunales. En el último año ha habido un incremento de asuntos en el campo del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real. Los médicos forenses practicaron en el último año cerca de 200  autopsias judiciales, exactamente 199, en 90 casos el examen pos mortem  determinó que la persona había fallecido por causas naturales y 109 por muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

El crimen de Ramón Torres Hernández, la noche del 2 de mayo de hace un año en la calle Virgen de la Carrasca, frente a la estación AVE de Ciudad Real, es una de las autopsias judiciales realizadas por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal cuya consulta y pequeños despachos se ubican en la planta baja de los Juzgados de la Plaza del Trillo de la capital ciudadrealeña. No tienen laboratorio ni sala de autopsia propia y las dependencias son francamente deficitarias para atender a las miles de personas que pasan al año por su consulta por lesiones en peleas, agresiones, tentativas de homicidios, violencia de género, familiar, violaciones, abusos sexuales, accidentes de tráfico, laborales, internamientos psiquiátricos.  

Otra autopsia judicial de uno de los casos más mediáticos y complejos sobre los que ha arrojado luz el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real fue el crimen de la Atalaya, la madrugada del 1 de agosto de 2021. Los forenses practicaron la autopsia al cadáver de Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años con antecedentes por robo y otros delitos, al que presuntamente disparó y causó la muerte el dueño de la finca de la Atalaya al sorprenderle dentro de su propiedad. El caso provocó un gran debate en toda España.

El subdirector del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo, Ramón Antequera, explica a este diario que las causas clasificadas judicialmente de muerte violenta o sospechosas de criminalidad son aquellas en las que «hay un factor externo que la ha causado como un homicidio y suicidio, entre otras». En cuanto al número de personas que ponen fin a sus vidas, el veterano forense confiesa que es preocupante porque en los últimos tiempos se ha ido incrementado. En el último año han sido 46.  

También, han aumentado los delitos de agresión sexual. Los forenses han visto a 35 víctimas, todas mujeres y seis de ellas menores de edad. Del mismo modo, han atendido a más víctimas de violencia de género en el último año, concretamente 269.

Los internamientos urgentes han sido 286. Se trata de personas que a consecuencia de un trastorno mental se las ingresa en el servicio de psiquiatría. El internamiento es contra de la voluntad de la persona y el médico que acuerda ingresarlo tiene un plazo de 24 horas para ponerlo en conocimiento del juez de guardia para confirmar que el motivo está justificado, que no es una detención ilegal. El juez de guardia y el forense se personan en el servicio de psiquiatría, valoran al explorado y emiten su informen.

El volumen de trabajo ha sido como el de prepandemia, en 2020 bajó un poco, pero luego subió a cifras anteriores de la pandemia desencadenada en 2020.