No crean por el titular que la justicia está en venta. O que, en el edificio de los juzgados, por ejemplo de Ciudad Real, se haya instalado un mercado de abastos. No. Suele ser habitual que jueces, juezas y otros funcionarios se les vea tirando de estos artilugios más propios de los hogares y de verlos por la calle después de hacer parada en el mercadillo, en el supermercado o en la tienda del barrio. En algunos reportajes, a los magistrados se les ha visto cómo introducen montañas de papeles para adelantar trabajo en casa. Saben que no es lo más profesional ni lo más adecuado, pero es lo que hay. Recurrentemente en entrevistas, como la que se publica hoy del decano Antonio Moreno de la Santa escuchar una retahíla de quejas a las que nos hemos acostumbrado con peligrosa frecuencia. Se ha dado por hecho, que la justicia es lenta, que faltan medios y recursos humanos para abordar grandes crisis como la económica o la pandémica; los problemas informáticos son recurrentes, y aquí, Moreno de la Santa tira de analogía para ejemplificar que no ocurriría lo mismo si estos avatares, los informáticos, ocurrieran con tal asiduidad en Hacienda o cuando el Sepe sufrió un ataque en su red. 
Por lo general, las administraciones, tanto a nivel autonómico como local, se desentienden de estas carencias e inquietudes de uno de los pilares de la democracia. Fuera de la órbita de sus competencias, no entran en la agenda de sus reivindicaciones ni de quejas históricas pese a sufrirlo también en sus propias carnes. Comprenden y comparten, pero suele haber un silencio cómplice con la sociedad por no demandar justicia para la justicia. Puede ocurrir incluso que el gran órgano estatal, sobre el que emana el resto de las administraciones judiciales, sea ninguneado por los partidos políticos de tal manera que pasen los años sin que ocurra nada. Es tan indecente la negativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que falta muy poco para que Europa nos ponga la cara colorados y lastre más aún la imagen de la justicia española por el continente. 
En lo doméstico, la vida sigue igual. «Demandamos más medios humanos y técnicos, pero recibimos muy poco, casi nada». Da igual que lo reclame el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el decano, los jueces, el colegio de abogados, los secretarios judiciales… «recibimos muy poco, casi nada». Los ciudadanos son conocedores de esta rémora cuando recurren a la justicia, pero es tal el grado de anestesia que el problema, como ocurre con las listas de espera en la sanidad pública, se ha interiorizado y no pasa nada. No existe un clamor para corregir estas desviaciones del sistema de libertades y justicia social y democrática. Y más, en provincias como ésta donde se depende de la centralidad de los ministerios, como ocurre con las carreteras y las infraestructuras. Son cuestiones de prioridad y presupuesto. Quedan, por tanto, lejos de los intereses de las sumas de gobiernos y, además, no son rentables electoralmente. Por eso no pasa nada cuando la justicia se traslada en carritos de la compra. Nada, o casi nada.