La Audiencia Provincial ha condenado a Raúl P. S. a dos años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial, esto es, haber dado de alta a tres mujeres en la Seguridad Social como empleadas del Ayuntamiento de Guadalmez por unos meses en el caso de dos de ella y de cuatro días en la tercera. Una de ellas es la madre de su hijo, otra su cuñada y la tercera su expareja.

El acusado se defendió alegando un error al estar aprendiendo, pero el Tribunal sentencia que no hubo error alguno.

En la sentencia, bien fundamentada, el magistrado ponente Luis Casero señala que la prueba de falsedad «es clara y contundente desde el momento en que el procesado la reconoce, aunque indicando que solo se trató de un conjunto de errores tratando de aprender a utilizar el sistema RED de la Seguridad Social». Es decir, reconoce que dio de alta a tres personas sin que respondiera a una contratación real de las mismas por parte del Ayuntamiento.

El objeto de controversia era si concurría el ánimo falsario y el Tribunal juzga que sí. Se le condena y se aplica las circunstancias atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas. También le condena a abonar una cuarta parte de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La Audiencia absuelve a las tres  acusadas del delito de falsedad. Para los letrados Ángel Rico y Dámaso Arcediano, que defendían a dos de las encausadas, sólo cabía la absolución de las mismas.