Ocho alcaldes del PP de localidades de la provincia se han personado esta mañana en la sede de la Delegación de la Junta de Comunidades en Ciudad Real para presentar un escrito en el que se insta al Gobierno regional a que abone las cantidades adeudadas a los consistorios sobre el convenio para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. En concreto, los ediles 'populares' reclaman a la Junta 18 millones de euros para toda la comunidad autónoma, de los que 4,5 millones corresponderían a la provincia. "Estamos hartos de que el gobierno de Emiliano García-Page invite y seamos los ayuntamientos los que paguemos", reclamaba como portavoz Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños y presidente del PP provincial, convencido de que "representamos a todos los alcaldes", independientemente del signo político. 

Valverde admitía una "enorme preocupación" por este impago al tratarse de "un servicio esencial para mantener el estado de bienestar social de todos nuestros vecinos y vecinas", y que a los ayuntamientos "nos están haciendo poner en riesgo la prestación de otros servicios sociales y de otro tipo". Los ediles del PP recuerdan en este escrito que no sólo es urgente que la Junta abone ya estos convenios, sino que es necesario revisar el precio de cada hora de trabajo, fijado en 12,40 euros, de los que a la administración regional le correspondería sufragar 9,41 euros (16,49 y 12,52 los domingos), unas cantidades "irrisorias" si se comparan con las tablas salariales de otras comunidades autónomas, al estar fijadas en un decreto que fue aprobado en 2014 y que no ha sido actualizado desde entonces. Por ello, no solo reclaman el pago a los ayuntamientos de las cantidades pendientes, sino "la dignificación de este servicio de ayuda a domicilio y de sus trabajadores".

"A Page se le llena la boca de pagos adelantados, de financiación, de mantener la dignidad de las personas, pero estas cantidades siguen congeladas, y lo peor de todo es que no las paga", resumía Miguel Ángel Valverde, que denunciaba también que todos los años una parte importante del presupuesto que la Junta aprueba para este tipo de financiaciones se queda sin asignar "para acabar en las arcas de la Junta", cuando ese dinero podría servir incluso para ampliar este servicio de ayuda a domicilio para atender también a personas no dependientes en los núcleos rurales, "ayudando a fijar población y a la creación de puestos de trabajo".

Este mismo escrito será defendido mañana en el Pleno de las Cortes regionales.